jueves 23 de mayo de 2024

Desregulación

El Gobierno Nacional liberó el mercado de telefonía, Internet y cable

El objetivo de esta decisión es fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad de los servicios para los usuarios de todo el país.

miércoles 10 de abril de 2024
El Gobierno Nacional liberó el mercado de telefonía, Internet y cable
La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables. Foto: ilustrativa.
La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables. Foto: ilustrativa.

Como parte de su estrategia desreguladora, el gobierno de Javier Milei puso fin al decreto que Alberto Fernández emitió en 2020, con el fin de controlar los precios de los principales servicios de las industrias de telecomunicaciones, en rubros como TV por cable, Internet y telefonía móvil y fija.  

Esa norma –el decreto 690– los declaró como servicios públicos en competencia, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iba a dar en adelante, algo que se logró a medias por medidas cautelares que las principales empresas del rubro interpusieron ante la Justicia.

Sin embargo, este miércoles, a través de un decreto en el Boletín Oficial y que lleva la firma del presidente de la Nación y de todos sus ministros, quedan derogados el DNU 690/20 y también artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, que se votó en 2014, en el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.

El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.

Además, el decreto sostiene “que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.

Con esta medida, el gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, pero su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.

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