Nuevas disposiciones permiten a la policía confiscar bienes sin orden judicial previa

Tras un amplio debate, la Legislatura de Río Negro dio luz verde, de manera unánime, a un conjunto de reformas al Código Contravencional, en vigor desde 2022, otorgando a las fuerzas del orden y a los jueces de paz herramientas adicionales y más efectivas para el manejo y resolución de conflictos vecinales. Estas modificaciones vienen a fortalecer un marco legal que busca adaptarse a las dinámicas sociales contemporáneas, asegurando una convivencia armónica entre los ciudadanos.

Entre las medidas más destacadas aprobadas se encuentra la potestad de las autoridades policiales para retener, en el acto, a individuos que se encuentren en estado de comisión, preparación o implicados en una contravención. Esta medida permite la demora de la persona involucrada por un tiempo mínimo indispensable, sin que este exceda las ocho horas, buscando agilizar la intervención policial sin necesidad de una orden judicial previa.

Además, se otorga a la policía la autoridad para confiscar objetos relacionados con el hecho contravencional, como dispositivos electrónicos, vehículos y otros artículos que puedan considerarse pruebas del delito, siempre y cuando se obtenga posteriormente una orden escrita de un Juez o Jueza de Paz que lo justifique.

Por otro lado, se introduce la capacidad de los jueces de paz para dictar medidas cautelares, que pueden incluir la prohibición de acercamiento, comunicación o cualquier tipo de contacto, incluyendo medios digitales o redes sociales, entre la persona presuntamente agresora y la víctima o testigos. Estas disposiciones buscan ofrecer una protección efectiva e inmediata a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad debido a conflictos vecinales.

El legislador Lucas Pica (JSRN), figura clave en la propuesta y aprobación de estas reformas, resaltó el espíritu pacificador de las mismas. Rememorando el proceso de reemplazo del antiguo régimen de 1969 por el actual Código, enfatizó el intenso trabajo realizado junto a Facundo López para adaptar la legislación a las necesidades de resolución de conflictos vecinales a través de los jueces de paz. Pica destacó que, a diferencia de las afrentas al orden social tipificadas a nivel nacional, las contravenciones requieren de una gestión local, de ahí la importancia de contar con un código moderno y eficaz como instrumento de pacificación.

En el proceso de elaboración de las modificaciones, se llevó a cabo una amplia consulta con comisarías y unidades regionales de policía para entender las necesidades y desafíos prácticos enfrentados en el terreno. Esta interacción reveló la necesidad de ampliar los instrumentos disponibles para actuar de manera efectiva en situaciones de flagrancia, lo que se refleja en las nuevas disposiciones aprobadas.

La iniciativa legislativa encontró un sólido respaldo entre los distintos bloques políticos, aunque se registraron algunos disensos en torno a artículos específicos. Daniela Agostino (ARI-Cambiemos) celebró la introducción de estas herramientas demandadas por la ciudadanía, subrayando su relevancia en la política de protección de las víctimas.

Martina Lacour (PRO) expresó una visión ambivalente, reconociendo la necesidad de adecuar el poder punitivo a las circunstancias actuales, pero lamentando que la necesidad de tales reformas surja de un prolongado abandono de valores sociales.

Carmelio Pilquinao (Vamos con Todos) remarcó el progreso que representan estas reformas, especialmente en lo que respecta a las medidas cautelares para la lucha contra las contravenciones y la protección de víctimas y testigos.

Ante las críticas sobre la aplicación del Código Contravencional, Pica defendió su efectividad, citando un informe que indica que el 50% de los conflictos se han resuelto mediante mediación desde su implementación, desmintiendo la percepción de ineficacia. (ANB)