jueves 9 de mayo de 2024

Cumplimiento

Rio Negro impulsa una reforma penal para la ejecución inmediata de condenas en apelación

Un cambio legislativo busca que los condenados comiencen a cumplir sus penas sin esperar la resolución de la Corte Suprema, para aliviar el largo sufrimiento de las víctimas.

domingo 10 de marzo de 2024
Rio Negro impulsa una reforma penal para la ejecución inmediata de condenas en apelación
El proyecto ahora enfrenta el escrutinio legislativo, donde se espera un debate riguroso sobre sus implicancias. Foto: ilustrativa Marcelo Martínez.
El proyecto ahora enfrenta el escrutinio legislativo, donde se espera un debate riguroso sobre sus implicancias. Foto: ilustrativa Marcelo Martínez.

En un decisivo paso hacia la reforma de la justicia penal, el Gobierno de Río Negro presentó un proyecto de ley con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y mitigar el sufrimiento de las víctimas de delitos. La iniciativa legislativa propone que los condenados por la justicia comiencen a cumplir sus sentencias de manera inmediata tras las instancias de apelación, sin necesidad de aguardar el pronunciamiento final de la Corte Suprema de Justicia.

La medida surge en respuesta a casos prolongados y polémicos, como el del docente de Cipolletti condenado por abuso sexual, quien permaneció en libertad durante casi una década mientras su caso avanzaba lentamente a través de las diversas instancias judiciales. Durante ese tiempo, el acusado tuvo encuentros públicos con los familiares de las víctimas, exacerbando su angustia y desesperación.

El proyecto introduce el artículo 241 bis al Código Procesal Penal de la provincia, estipulando que una vez emitida una condena por el Tribunal de Impugnación —la última instancia ordinaria antes de la apelación a la Corte Suprema—, la sentencia debe ejecutarse sin demoras. Esto permitiría a las víctimas y a la sociedad en general ver actos concretos de justicia, sin menoscabo del derecho del condenado a apelar y buscar una revisión de su caso.

La reforma se apoya en estadísticas que muestran un porcentaje muy bajo de sentencias revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que sugiere que el aplazamiento de la ejecución de las condenas en espera de una resolución final beneficia poco a los condenados, mientras prolonga innecesariamente el sufrimiento de las víctimas.

Si se aprueba, la ley podría marcar un precedente significativo en el enfoque de la justicia penal en Argentina, poniendo un énfasis renovado en la protección y consideración hacia las víctimas de delitos graves, como la violencia de género, abusos y violaciones. (ANB)

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