16/09/2019

Ordenaron el desalojo de la comunidad Buenuleo

El grupo mapuche tomó un territorio ubicado en el cerro Ventana días atrás. Hay nueve imputados por usurpación.

 Ordenaron el desalojo de la comunidad Buenuleo
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a comunidad Buenuleo deberá desalojar el predio donde se asentó el pasado 10 de septiembre debido a una medida cautelar interpuesta por la fiscalía y la querella que representa a quien habría comprado las tierras en cuestión años atrás.

Esta mañana se realizó una audiencia en la cual formularon cargos contra nueve personas por el delito de usurpación. La fiscalía y la querella solicitaron además que se desaloje el predio. El juez Sergio Pichetto hizo lugar al pedido y la comunidad deberá retirarse del terreno ubicado sobre el cerro Ventana.

El martes 10, los integrantes de la comunidad Buenuleo hicieron pública la intención de “recuperación territorial” sobre los terrenos que están ubicados al sur del barrio Pilar II. Aparentemente, las tierras fueron compradas por Emilio Friedrich años atrás y esto desató un conflicto entre las partes.

El mismo martes, personas que Friedrich dejó a cargo del cuidado de las tierras, habrían amenazado a los integrantes de la comunidad para que se retiren del lugar, aunque esto no sucedió.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, se resolvió realizar una mediación al día siguiente para arribar a un acuerdo. En esta instancia, los mapuches se negaron a retirarse del lugar y se estableció que podrían permanecer en el terreno solo nueve personas con una consigna policial para evitar que el conflicto escale en violencia.

Según indicó este lunes el fiscal Gerardo Miranda, durante el fin de semana, integrantes de la lof ingresaron materiales y levantaron una precaria casilla, a pesar de que se había aclarado que no estaba permitido.

“En este caso no hay posesión tradicional de la tierra, la tomaron sabiendo que ya había sido vendida. La ley de recuperación territorial no se puede aplicar a este caso”, afirmó Miranda.

Por su parte, la abogada Laura Zannoni, quien representa a Friedrich, remarcó que los mapuches “entraron con violencia y clandestinidad” y adelantó que solicitarían una medida cautelar para desalojar el predio.

Dos de los involucrados declararon en la audiencia y explicaron que no son miembros de la comunidad, sino que acudieron para “solidarizarse” con el pueblo mapuche. “Hace muchos años vengo escuchando lo que les pasa a la comunidad Buenuleo , ¿cómo no lo voy a entender si siempre hubo casos de estafas y denuncias? La Justicia nunca les prestó atención a estos reclamos”, consideró Mauro Millán, uno de los imputados.

La abogada Natalia Araya, representante de los nueve imputados, se opuso a la formulación de cargos y además cargó contra los denunciantes “¿Les parece que un grupo de jóvenes y niños pueda violentar a hombres adultos armados?” se preguntó en relación a lo acusado por la querella. Además, remarcó que “todos teníamos conocimiento del proceso de recuperación que iban a iniciar, por lo que no hay clandestinidad”.

“Queremos restablecer el equilibrio, y si dejamos que esta gente permanezca en el lugar mientras dure la investigación, eso no podrá ser posible”, consideró Miranda al momento de pedir el desalojo del predio. “Si pasa el tiempo cada vez va a ser más gente instalada allí y después no hay vías para sacarlos, al menos no pacíficamente. No queremos que esto sea otro Rafael Nahuel”, manifestó entre el murmullo de una sala que estaba llena de personas en apoyo a la comunidad mapuche.

Pichetto, luego de escuchar a las partes, estableció un tiempo de 4 meses para llevar adelante la investigación y formuló cargos contra los nueve imputados, incluso contra las dos personas miembros de otras comunidades de la región. Además, después de un cuarto intermedio, ordenó el desalojo del predio ocupado por la comunidad seis días atrás. Para esta medida habrá un plazo de 72 horas a partir de que la sentencia quede firme, ya que puede ser impugnada, según indicaron. 

Sumado a esta decisión, también decidió no innovar durante los cuatro meses en el terreno. Es decir, que ni los integrantes de la comunidad, ni el privado podrá construir ni realizar reformas en las tierras. (ANB)

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