Investigan un presunto acceso indebido a información reservada del Gobierno de Río Negro

El Gobierno de Río Negro denunció ante la Justicia un presunto acceso indebido a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública provincial. La investigación se inició luego de detectar que al menos un empleado estatal habría ingresado sin autorización a información sensible, entre la que se encuentran recibos de sueldo de integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el gobernador Alberto Weretilneck.

Según se informó oficialmente, la denuncia fue promovida por el propio Ejecutivo a través de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el acceso a la documentación y determinar eventuales responsabilidades.

A partir de la investigación se logró identificar el equipo informático desde el cual se habría producido el acceso indebido. Ese dispositivo fue resguardado y posteriormente puesto a disposición de la Justicia para la realización de peritajes técnicos.

En ese contexto, desde el Gobierno aclararon que el procedimiento realizado este miércoles en instalaciones de ALTEC no constituyó un operativo contra la empresa tecnológica estatal, sino una medida judicial derivada de la causa iniciada a partir de la denuncia provincial.

De acuerdo con la información difundida, ALTEC intervino únicamente brindando asistencia técnica a pedido del Gobierno para colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Una vez detectado el origen de la presunta filtración, la situación fue puesta en conocimiento de la Justicia provincial, que dispuso el resguardo del equipo informático para su análisis pericial.

Desde el Ejecutivo señalaron que la actuación de la empresa se limitó al acompañamiento técnico requerido durante la investigación y remarcaron que no existe ninguna acusación dirigida contra la firma.

Asimismo, el Gobierno provincial ratificó su compromiso con la transparencia institucional y sostuvo que todas las actuaciones se desarrollaron dentro del marco legal vigente, con el objetivo de resguardar la información pública y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de la administración provincial.

La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo se produjo el acceso a la documentación reservada y si existieron responsabilidades penales o administrativas vinculadas al hecho. (ANB)