Mi Bus no accesible: responsables y perjudicados de una historia sin fin

Por Nicolás Malpede

Leyes, tratados y gran cantidad de jurisprudencia dan cuenta de que el transporte público debe ser accesible. No dejan margen para subjetividades o interpretaciones disímiles. Sin embargo, en la ciudad el tema sigue estando en pleno debate. Las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad exigen “soluciones inmediatas”, mientras que el gobierno municipal actúa con cierta desprolijidad y escasa rigurosidad. ¿Los resultados? Se encuentran a la vista de todos.

“Está en juego el derecho humano y constitucional de las personas con discapacidad o movilidad reducida a acceder al transporte público de pasajeros en condiciones de igualdad”, dice el fallo reciente del juez de la Cámara Civil y Comercial de Bariloche, Emilio Riat, quien obligó al municipio a garantizar la accesibilidad en el transporte urbano de pasajeros en un plazo máximo de diez meses.

¿Y la accesibilidad?

Ninguno de los 100 colectivos con los que la empresa Amancay -su nombre comercial es Mi Bus-opera actualmente en la ciudad es accesible para personas con discapacidad.

La firma desembarcó en la localidad en febrero pasado a través de una contratación directa efectuada por la municipalidad, ya que los tres llamados a licitación impulsados desde la comuna oportunamente quedaron desiertos.

Por esos días, desde el gobierno local anunciaban con bombos y platillos que la nueva transportista comenzaría a brindar el servicio con 100 ómnibus 0 kilómetro. Las relucientes unidades fueron presentadas. Era todo alegría. La empresa sanjuanina se hacía cargo del transporte. A la luz de los hechos, poco y nada le interesó a la firma incluir a las personas con discapacidad entre sus usuarios. A la municipalidad, tampoco.

Es que el Ejecutivo no hizo cumplir el pliego de licitación aprobado por ordenanza y permitió que la compañía desembarque sin siquiera un colectivo accesible.

El pliego en cuestión establece que “al momento del inicio de la concesión, el concesionario deberá contar con un 30% de unidades 0km y que cumplan con la condición de ser piso bajo o presentar las adecuaciones funcionales y estructurales necesarias para garantizar la accesibilidad”. Nada de esto se cumplió.

"Las mismas deberán contar con adaptaciones funcionales para el ingreso y egreso en forma segura autónoma o semi asistida (piso bajo, semibajo, rampa de ascenso/descenso) y con espacio suficiente para permitir la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas (especialmente usuarios en sillas de ruedas y semi ambulatorios severos), que garantice su traslado en igualdad de condiciones. En cualquier caso, sea que las unidades presenten piso bajo con rampa o piso convencional adaptado con elevador de sillas de ruedas, dichos equipamientos deberán cumplir con lo establecido en las normas IRAM 10051 y 10052", exige el pliego. Nada de esto tampoco se cumplió.

“Luego de la adjudicación y habiendo cumplido los requerimientos mínimos al inicio de la concesión referidos a unidades accesibles, la adaptación de las restantes unidades de la flota operativa se deberá cumplimentar en un plazo no mayor a 3 años a fin de cumplimentar un 100% de accesibilidad. Este plazo resulta aplicable en términos del uso de rampas o medios secundarios de acceso a la unidad, independientemente del proceso de renovación de flota por unidades 0KM ya adaptadas con piso bajo y que permitan alcanzar un promedio máximo de antigüedad de flota de cinco (5) años de antigüedad a lo largo de todo el proceso de concesión", aclara el pliego.

Desde el municipio argumentan que si obligaban a la empresa a llegar a Bariloche con 30 colectivos para personas con discapacidad, ésta hubiera desistido de hacerse cargo del transporte debido al alto monto que significa tal incorporación.

Tiempo atrás, las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad realizaron una presentación ante el Tribunal de Contralor exponiendo la “ilegalidad” de la situación, pero nada ocurrió. El órgano puso en debate la denuncia para evaluar la posibilidad de al menos realizar algún tipo de recomendación al respecto. Julieta Wallace, integrante del ente y perteneciente al Frente para la Victoria (FpV), advirtió que lo que estaba ocurriendo daba cuenta de una “regresión” en materia de política de derechos humanos, pero los otros dos miembros (de Juntos Somos Bariloche, el partido del intendente Gustavo Gennuso) consideraron que no había nada para hacer. Todo siguió igual.

El asunto es que Mi Bus al no incorporar en su flota las 30 unidades accesibles se ahorró cerca de 30 millones de pesos, teniendo en cuenta que, según las cifras a las que accedió ANB, una unidad 0 kilómetro sin adaptaciones cuesta unos 2 millones de pesos, y una accesible ronda los 3 millones de pesos.

Por lo pronto, el servicio de transporte urbano de pasajeros sigue atentando contra el derecho de las personas con discapacidad.

Vale aclarar que este medio intentó innumerable cantidad de veces comunicarse con las autoridades de Mi Bus, siempre con resultados negativos.

Un fallo y un espaldarazo para las organizaciones sociales

El fallo del juez Riat -promovido el pasado 13 de julio- permite ser optimistas en cuanto a que la situación cambie y, de una vez por todas, Mi Bus cumpla con las normativas vigentes.

El magistrado hizo lugar al amparo presentado en diciembre de 2016 por organizaciones que pugnan por los derechos de las personas con discapacidad para que la municipalidad garantice el la accesibilidad en los colectivos.

Juan Ojeda, Marcela Saracho, Alicia Barría Barrientos, Rene Roa Flores y Luis Suero promovieron este amparo colectivo para que se respetaran “las normas vigentes sobre accesibilidad e igualdad en materia de transporte público para personas con discapacidad o movilidad reducida, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, etcétera, por lo menos en las condiciones previstas al respecto en el pliego de licitación pública aprobado por la Ordenanza 2728-CM-16 del Municipio local”.

Para los amparistas, la municipalidad “ha delegado en una concesionaria el servicio público de transporte urbano de pasajeros en condiciones que resultan inaccesibles, inadecuadas y discriminatorias para personas con movilidad reducida, ya que el contrato respectivo -aprobado por Ordenanza 2798-CM-16- sólo contempla en su favor el servicio a demanda de un vehículo tipo furgón (que sería solicitado a través de un 0800) que resulta insuficiente, diferenciado, segregatorio y contrario a la integración e igualdad, en vez de contemplar alguna exigencia o adaptación de las unidades que usan el resto de los ciudadanos para garantizar su ascenso y descenso, a pesar de que todas las unidades deben contar con piso bajo de acuerdo con la reglamentación”.

Riat aclaró que “es fuertemente improbable que el furgón previsto resulte suficiente, ya que es apenas un vehículo en contraposición a una flota prevista en el cronograma”. “No es difícil imaginar que la nueva medida implicará una serie de inconvenientes de alta probabilidad, como la superposición de pedidos, las consecuentes demoras, las interrupciones de servicios por eventuales averías de la única unidad, las dificultades en las comunicaciones telefónicas, etcétera”, sostuvo en el fallo.

Afirmó que esta propuesta “repugna especial y gravemente a la igualdad, ya que impedirá a los interesados utilizar el transporte público con el resto de la población”. “Es que el traslado en un vehículo diferenciado, exclusivo y excluyente, distinto a los utilizados por la comunidad, implica una clara situación segregatoria, una discriminación totalmente inadmisible en el desarrollo actual de los derechos ya enunciados. Con otros términos, no poner a disposición de quien tiene una limitación física los mismos servicios previstos para el resto de la sociedad es una omisión de neto corte discriminatorio”, sostuvo.

El juez ordenó  al municipio a que en el plazo de diez meses comience a hacer cumplir las normativas que establecen la accesibilidad en el transporte público.

Altas fuentes de la comuna adelantaron a este medio que apelarán el fallo. ¿Los argumentos? La suma de dinero que debería desembolsar la transportista sería muy alta, el plazo establecido por el juez “es muy escaso” y “los colectivos piso bajo no podrían circular en todos los sectores de la ciudad por las condiciones de las calles”.

Otra salvedad que realizan desde del municipio es que aunque haya colectivos accesibles, la ciudad no cuenta con un modelo inclusivo, ya que las calles y las garitas de colectivos no están adaptadas, entre otras cosas.

Ante este punto, desde las organizaciones de personas con discapacidad advierten que “por algún lado hay que empezar”. Consideran que si bien Bariloche es una ciudad poco amigable para las personas con discapacidad, el transporte es “vital” para dar inicio a un nuevo esquema de ciudad, accesible para todos. (ANB)