martes 19 de marzo de 2024

El desafío de la integración urbana de los barrios populares en Bariloche

Son el resultado de la falta de acceso al suelo y a la vivienda digna para una gran parte de nuestra población.

domingo 19 de noviembre de 2017
El desafío de la integración urbana de los barrios populares en Bariloche

Desde hace años las organizaciones sociales y territoriales de nuestro país trabajan cotidianamente para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares. Estos barrios son el resultado de la falta de acceso al suelo y a la vivienda digna para una gran parte de nuestra población. Ni el Estado ni el Mercado han logrado garantizar este derecho humano. El resultado ha sido que los sectores populares y parte de los sectores medios, de forma individual u organizada, han venido (auto)produciendo los barrios donde viven. Lejos de ser una elección fácil como quieren presentarlo desde algunas sectores, es un proceso muy largo y desgastante -puede demorar hasta 20 o 30 años- que sólo se encara cuando no hay otra alternativa. El precio que se paga es el de vivir en condiciones muy precarias durante años.

Puede haber sido una ocupación masiva organizada, puede haber sido una ocupación espontánea “por goteo”, lo que viene después es similar: inversión progresiva en la mejora de la vivienda, que pasa de ser una casilla precaria a una vivienda de material; y mejoramiento del acceso a los servicios y del equipamiento comunitario del barrio.

Las Juntas Vecinales jugaron un rol fundamental en esto en la historia de nuestra ciudad. También las cooperativas de vivienda y otras organizaciones de base. Y obviamente el Estado que lenta pero progresivamente fue mejorando el hábitat en la mayor parte de estos barrios populares. Pero el esfuerzo nunca alcanzó: todavía hoy tenemos alrededor de 3.600 hogares viviendo en barrios con problemas de regularización y acceso a servicios básicos en Bariloche según relevamientos municipales.

Ante esta situación, desde 2015 un conjunto de organizaciones sociales -CTEP, Barrios de Pie, CCC, Techo, Caritas- empezaron a plantearle a la nueva gestión la necesidad de promover una política de integración urbana para estos barrios. El primer resultado fue el inicio del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Re.Na.Ba.P.) durante 2016. Para ser considerado como tal, no sólo se toma en cuenta la falta de regularización dominial sino también la falta de al menos dos de los tres servicios considerados esenciales: servicio de agua potable con medidor domiciliario, servicio de electricidad con medidor domicilio y conexión a desagüe cloacal.

En 2017 las organizaciones avanzaron un paso más y lograron la sanción del Decreto PEN 358-17 que crea el Certificado de Vivienda Familiar, una acreditación legal del domicilio para ser usada en gestiones frente a las empresas prestadoras de servicios y organismos públicos.

En este marco se han incorporado más de 4.200 barrios en el país con alrededor de 850 mil hogares. En Bariloche fueron incorporados 22 barrios con más de 2 mil familias que están siendo relevadas por un equipo conformado por la CTEP Bariloche. La ANSES ya está entregando los certificados en su oficina de la UDAI y se han realizado al menos dos operativos en territorio con esa finalidad. Asimismo, ya se están dando las primeras regularizaciones de servicios públicos: el primer caso de implementación del Certificado de Vivienda Familiar en el país se dio con un vecino de Nahuel Hue que solicitó a la CEB el servicio y recibió el pilar en su domicilio a los cuatro días. Gestiones similares permitieron regularizar la facturación del servicio de agua potable en el barrio Ex Matadero en días pasados. Son pequeños pasos que permiten alumbrar un camino ha recorrer.

Regularizar los servicios no sólo es necesario para asegurar su seguridad y calidad y hacerlos sustentables económicamente, sino que también es parte esencial del reconocimiento de la pertenencia a una comunidad, es decir para lograr una efectiva integración urbana. Municipalidad, empresas prestadoras y entes reguladores tienen que trabajar mancomunadamente con esta finalidad, adaptando su normativa y regulaciones a la realidad de estos barrios, y no a la inversa. Es recurrente encontrarse con situaciones donde los barrios y sus vecinos quedan “presos” de los vacíos normativos o de las tensiones entre estos organismos que se “pasan la pelota”. Es necesario terminar con esta situación que deja desamparados a los vecinos y condenados a la marginalidad, en situaciones que son proclives a accidentes o que ponen en riesgo su salud, pero que además afectan la prestación del servicio en toda el área, y generan malestar en vecinos de barrios aledaños, originan multas a las prestadoras por parte de los entes reguladores e implican la erogación de cuantiosos recursos por parte de la Municipalidad que bien podrían ser afrontados por los vecinos involucrados. Esta situación no sólo es injusta para los vecinos marginados, sino que además es costos e ineficiente para el conjunto de la comunidad.

El camino de la integración urbana de los barrios populares no se inició con el Re.Na.Ba.P, claro está, sino que es una pelea que lleva muchas décadas, pero es un paso más en este desafío de garantizar una vida digna a todos nuestros vecinos.

Te puede interesar
Últimas noticias