Terminó el juicio por Techo Digno en Sierra Grande

Después de más de siete jornadas de audiencias públicas, terminó esta semana en Viedma el juicio oral contra Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, dos exintendentes de Sierra Grande y cuatro exfuncionarios municipales. Todos estaban acusados por presuntas irregularidades en el programa de viviendas "Techo Digno". El tribunal dará a conocer su veredicto el próximo 10 de junio.

Durante el martes, en los alegatos de cierre, la Fiscalía pidió que se declare la responsabilidad penal de tres de las personas imputadas por haber sido coautoras del hecho vinculado a la sobrecertificación de avances de obra que habilitaron el pago a la empresa contratista. Asimismo, desistió de la acusación respecto de esos tres y de los otros tres imputados vinculados con el hecho relacionado con obras de infraestructura y movimientos de suelo aprobados mediante la firma de un segundo acuerdo.

El Ministerio Público sostuvo, en primer término, que el exintendente Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Noel —secretarios de Gobierno y de Obras, respectivamente— certificaron un avance de obra cercano al 71 %, cuando distintas pericias técnicas determinaron que el progreso real alcanzaba el 42,21 %. Esa diferencia permitió que la empresa contratista cobrara trabajos que nunca se hicieron.

El perjuicio económico para el municipio, actualizado a marzo de 2025, supera los 793 millones de pesos.

"Se falsearon certificados para pagarle a la empresa por trabajos que no existían", afirmó la fiscal durante su exposición. Y detalló que, según los peritos, se certificaron como terminados cielorrasos, pisos y revoques que "ni remotamente" estaban hechos.

Durante el juicio, declararon cinco especialistas que coincidieron en que el avance real de las viviendas era mucho menor al que figuraba en los papeles oficiales. También se presentaron pruebas documentales y testigos que dieron cuenta de las irregularidades en la forma en que se confeccionaron esas certificaciones.

Incluso, uno de los exintendentes, Nelson Iribarren, reconoció al declarar que, cuando asumió su mandato, las casas eran "cáscaras", es decir, apenas estaban empezadas.

Desestiman los cargos para otros tres acusados

En el mismo alegato, la Fiscalía decidió retirar la acusación contra Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Ángel Mesa (Obras) las otras personas que iban a juicio, y también el propio Iribarren. ¿El motivo? Los investigadores concluyeron que, en el segundo convenio firmado para obras de infraestructura y movimientos de suelo, los trabajos sí se habían ejecutado.

Además, quedó demostrado que cuando Iribarren asumió la intendencia, detectó irregularidades, ordenó revisar la documentación, rescindió el contrato con la empresa y fue él mismo quien hizo la denuncia penal. Por eso, la Fiscalía entendió que no hubo una intención coordinada de perjudicar al Estado.

Qué dijeron los abogados defensores

Por su parte, los defensores pidieron la absolución de sus representados. Cuestionaron los informes técnicos presentados por la Fiscalía y aseguraron que muchos testigos no decían la verdad.

Uno de los abogados sostuvo que su cliente, un exsecretario de Gobierno de Sierra Grande, nunca tuvo la función de certificar obras y que el municipio no pudo probar lo contrario. "No tenía capacidad técnica para intervenir en esos actos", afirmó.

Al repasar el organigrama municipal vigente en aquel momento, señaló que su defendido “no tenía jerarquía superior respecto del resto de los secretarios” y remarcó finalmente que “no se acreditó el dolo de defraudar”.

“La falsedad que se le imputa se cae porque él actuó dentro de sus funciones y no contaba con capacidad técnica para intervenir en esos actos”, sostuvo, por lo que solicitó su absolución.

Los abogados de ambos exintendentes también recordaron que sus gestiones se desarrollaron en un contexto de crisis y conflictos internos en Sierra Grande.

El tribunal ahora tiene tiempo hasta el 10 de junio para analizar todas las pruebas y dictar su veredicto.