Imputaron a cuatro personas por presuntas estafas con casas contenedor que nunca fueron entregadas

Cuatro personas fueron imputadas por una presunta maniobra de estafa vinculada a la construcción de viviendas con contenedores marítimos que, según la acusación fiscal, nunca llegaron a concretarse pese al pago de importantes sumas de dinero por parte de las familias contratantes.

La Fiscalía les atribuyó nueve hechos de estafa, ocurridos entre 2022 y 2025, que habrían afectado a distintos grupos familiares que contrataron viviendas bajo la modalidad “llave en mano”, con promesas de ejecución rápida y costos inferiores a los de una construcción tradicional.

Según la teoría del caso presentada durante la audiencia de formulación de cargos, las personas imputadas actuaban de manera coordinada a través de una empresa dedicada a la construcción de viviendas modulares, cumpliendo distintos roles vinculados con la comercialización, administración, cobro y seguimiento de los proyectos.

La acusación sostiene que ofrecían viviendas familiares construidas con contenedores marítimos y percibían importantes adelantos —en muchos casos en dólares— tras firmar contratos de obra.

Sin embargo, la Fiscalía afirmó que una vez rubricados los acuerdos aseguraban falsamente que las construcciones avanzaban según lo previsto. Para sostener esa apariencia, en algunos casos mostraban contenedores presuntamente destinados a las viviendas, colocaban carteles con nombres de clientes e incluso ofrecían trabajos adicionales, como pisos, aberturas e instalaciones especiales, cobrando sumas extra.

De acuerdo con la investigación, las personas imputadas no contaban con capacidad técnica, financiera ni operativa para cumplir con los compromisos asumidos. Aun así, habrían continuado firmando contratos, recibiendo pagos y solicitando prórrogas mientras sostenían que las obras estaban en ejecución.

La maniobra habría afectado a nueve grupos familiares, que en la mayoría de los casos abonaron cerca del 90% del valor total de las viviendas sin recibir las construcciones acordadas.

Además, la investigación incorporó información sobre una nueva sociedad comercial creada posteriormente y dedicada al mismo rubro. Según la Fiscalía, esa estructura comenzó a operar durante 2025 ofreciendo el mismo sistema constructivo y captando potenciales clientes.

Entre las pruebas incorporadas figuran denuncias de damnificados, contratos, comprobantes de pago, conversaciones por correo electrónico y aplicaciones de mensajería, cartas documento, informes financieros y documentación secuestrada en allanamientos.

Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, dispositivos de almacenamiento digital, sistemas electrónicos de cobro y documentación comercial, material que será sometido a pericias informáticas y contables.

Debido a la cantidad de personas imputadas, el volumen de prueba y las pericias pendientes, el juez de Garantías hizo lugar al pedido fiscal para que el expediente tramite como investigación compleja, fijando plazo hasta el 2 de junio de 2027.

Además, dispuso la prohibición de salida del país para las cuatro personas imputadas, la inhibición general de bienes de las personas y sociedades investigadas, y la obligación de fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia mientras avance el proceso. (ANB)