Comunidades mapuche repudiaron acusaciones por los incendios en la Comarca

Diversas comunidades mapuche y organizaciones sociales difundieron un comunicado conjunto en el que repudiaron las declaraciones del Gobierno de Chubut que responsabilizan al pueblo mapuche por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina.

El pronunciamiento surge como respuesta a expresiones oficiales que vinculan el origen intencional de los focos ígneos con comunidades indígenas, afirmaciones que —según remarcan— carecen de pruebas judiciales.

En el documento, las comunidades cuestionan que el énfasis esté puesto exclusivamente en la intencionalidad de los incendios, mientras no se abordan las falencias estructurales en materia de prevención.

En ese sentido, recordaron lo ocurrido el año pasado en Epuyén, donde más de 70 viviendas fueron destruidas por el fuego y, aseguran, la mayoría aún no ha sido reconstruida. Señalaron además la ausencia de medidas preventivas como tanques australianos, raleos de bosques implantados y planificación territorial.

El comunicado también denuncia la precarización laboral en el sistema de manejo del fuego, indicando que durante el último año se produjo el despido de cerca del 50% de los brigadistas, lo que debilitó la capacidad de respuesta ante emergencias.

A esto sumaron una serie de hechos que calificaron como “extraños”, entre ellos la aparición de explosivos en la zona de Puerto Bonito, en Epuyén, en los días previos al inicio de los incendios.

Las comunidades detallaron una cronología de los hechos ocurridos a partir del cierre de accesos y el despliegue de operativos de seguridad, seguido por el inicio del fuego en la zona de Puerto Patriada y su posterior propagación hacia distintos puntos de la Comarca. Indicaron que, en varios momentos críticos, la respuesta inicial provino principalmente de vecinos y brigadas comunitarias organizadas, que trabajaron con recursos propios, donaciones y condiciones precarias.

En el texto se cuestionan además declaraciones oficiales que minimizaron los daños, al señalar que solo se habría incendiado una vivienda, algo que las comunidades desmienten, estimando que entre casas y galpones destruidos la cifra asciende a una decena.

También denunciaron que se pusiera en duda la transparencia de las colectas y pedidos de ayuda impulsados por brigadas vecinales, mientras —según afirmaron— existen fondos destinados a la prevención de incendios que no habrían sido ejecutados.

Las comunidades recordaron antecedentes recientes de allanamientos y operativos realizados tras incendios anteriores, que incluyeron detenciones y requisas en viviendas, radios comunitarias y espacios comunitarios, sin que luego se encontraran pruebas que sostuvieran las acusaciones. En ese marco, advirtieron sobre el riesgo de que el pueblo mapuche vuelva a ser utilizado como “chivo expiatorio”.

“El fuego vuelve a repetirse porque no hay recursos, no hay prevención y el Estado llega tarde”, señalaron, y cuestionaron lo que definieron como una respuesta “monotemática” del Gobierno provincial, basada en la criminalización del pueblo mapuche. A su vez, remarcaron que las primeras zonas afectadas por los incendios suelen ser las propias comunidades, que pierden viviendas, animales, bosque y medios de vida.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la conciencia social para repudiar acusaciones sin sustento, tal como —afirman— fue señalado públicamente por el fiscal Díaz Mayer, y expresa su solidaridad con bomberos, brigadistas del manejo del fuego, brigadas vecinales, cocinas comunitarias y radios locales que sostienen el trabajo en el territorio. El comunicado lleva la adhesión de numerosas comunidades mapuche, organizaciones de derechos humanos y espacios académicos de la región y de otras provincias. (ANB)