Proponen crear un registro de personas sancionadas por maltrato animal

Un proyecto legislativo propone crear un registro de personas que cuenten con sanciones por maltrato animal en la provincia. De esta forma, sería obligatorio que realicen capacitaciones en bienestar animal.

El proyecto de crear el "Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal” fue presentado por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) y apunta a fomentar la protección de los animales. 

La iniciativa legislativa propone inscribir a quienes cuenten con resoluciones firmes en sede administrativa o condenas penales, obligándolos a capacitarse en bienestar animal y sancionando administrativamente los incumplimientos.

La iniciativa se presentó como una nueva herramienta institucional en Río Negro orientada a prevenir y erradicar la violencia hacia la fauna, en medio de una “creciente cantidad de intervenciones judiciales y denuncias por crueldad extrema registradas en distintas localidades rionegrinas”. 

Entre sus fundamentos, el proyecto subraya la urgencia de consolidar un cambio de paradigma jurídico y ambiental que deje atrás la visión de los animales como objetos para reconocerlos plenamente como “seres vivos y sintientes”.

Según se detalla en el documento oficial, la conformación de este listado “no persigue fines de exposición pública, estigmatización o escarnio social, sino constituirse como una herramienta administrativa y preventiva destinada a garantizar mecanismos de consulta y actuación responsable” por parte del Estado y de las entidades protectoras. 

De acuerdo a lo establecido en el proyecto, las personas inscriptas tendrían que realizar, dentro de un plazo de seis meses, un curso obligatorio de sensibilización en derecho animal dictado por especialistas.

Finalmente, en cuanto a las penalidades por evadir estas disposiciones formativas, la propuesta advierte que el incumplimiento “implicará la pérdida de beneficios impositivos provinciales y/o municipales”. 

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial actuaría como autoridad de aplicación del registro, trabajando de manera articulada con el Ministerio Público y garantizando en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso de los administrados.