Más de 500 sanciones en la administración pública rionegrina en un año y medio

El Gobierno de Río Negro mantiene activa su política de ordenamiento de la administración pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia, el cumplimiento de las obligaciones laborales y el buen funcionamiento del Estado.

Entre 2024 y lo que va de 2025, la Secretaría de la Función Pública trató más de 900 expedientes disciplinarios, de los cuales 513 concluyeron con sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos.

“Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública”, señaló la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. “Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea”, afirmó.

Desde enero de 2024, se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. En el mismo período, también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.

Lastra destacó que “una sanción nunca es automática”: antes se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna a cargo de instructores abogados, quienes garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente pueda ejercer su derecho a defensa.

“El objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas”, explicó la funcionaria.

Las actuaciones disciplinarias abarcan faltas de distinta gravedad: desde ausencias injustificadas, desatención de tareas o negligencia en la gestión de insumos, hasta inconductas, malos tratos o conflictos interpersonales dentro del ámbito laboral.

Las sanciones más severas son la cesantía y la exoneración.

La cesantía implica la desvinculación del agente, aunque con posibilidad de reingreso al Estado después de cinco años. Se aplica ante acumulación de sanciones o hechos graves.

La exoneración, en cambio, inhabilita de forma definitiva para volver a ocupar cargos públicos y se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, se aplicó esta medida a un agente condenado por violencia de género.

El organismo encargado de resolver los casos es la Junta de Disciplina, cuya composición asegura la transparencia y pluralidad del proceso. Está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.

“El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día”, concluyó Lastra. (ANB)