Crisis alimentaria
Leña, abrigo y comida: Aumenta la demanda en comedores y merenderos
Este año, el Concejo Municipal declaró, por segundo periodo consecutivo, la Emergencia Alimentaria, para que las decisiones políticas prioricen la urgencia diaria; sin embargo, la demanda de lo esencialmente humano es una bola de nieve que no para de crecer.
Los barrios populares de Bariloche viven un diagnóstico crudo y alarmante agravado por el castigo del frío y la nieve. La asistencia comunitaria se mantiene en pie a fuerza de la solidaridad entre vecinos. Existe una gran distancia entre las partidas presupuestarias que destinan los gobiernos para mitigar la imperante necesidad cotidiana de comer y el valor de los alimentos a precio turista.
Tanto la crisis económica como los continuos tarifazos empujaron al abismo a muchos de los hogares comunitarios que no han vuelto a abrir. Un común denominador en los comedores que perduran es la disminución de servicios por faltantes múltiples.
La situación se volvió cuesta arriba en el merendero Alihuen de Barda Este. Sus organizadores se vieron obligados a reducir la frecuencia en la ayuda alimentaria por falta de recursos y voluntarios. Pasaron de abrir de lunes a viernes a funcionar dos días a la semana: los miércoles y jueves.
El dispositivo social recibe alrededor de 25 niños, a los cuales se les brinda desayuno, almuerzo, merienda y, para la cena, reparten viandas para que lleven a sus casas y compartan con sus padres.
“Nosotros casi que estamos funcionando con la ayuda particular de la gente. La Municipalidad aporta algunos módulos de secos. Y tenemos un grupo de jubilados que nos juntan dinero para comprar alimentos frescos. Pero la ayuda es mínima para la demanda que hay”, expresó Silvina, referente del merendero.
En Alihuen brindan apoyo escolar, actividades recreativas y lúdicas que son un bálsamo para aliviar aquel dolor de tantas atormentadas infancias. Más de una vez, sus voluntarios deben intervenir en casos de violencia intrafamiliar y garantizar la asistencia y contención de los menores en situaciones sumamente hostiles.
“Los chicos vienen y encuentran un lugar familiar. Ahora en invierno, la gente pide mucha ropa de abrigo, frazadas y colchones. Nosotros vivimos a la orilla del río, una zona muy húmeda. Cuando llueve, las casas se inundan por las goteras y se pierden muchas cosas de primera necesidad”, comentó preocupada Silvina.
“Hace unos días comenzaron a venir un grupo de personas que no son de esta zona. Vienen a buscar mercadería, alimentos y ropa de abrigo. Hay más de 20 familias que vienen de otros barrios”, indicó.
La ayuda social de las organizaciones solidarias de la iglesia católica como Cáritas resulta indispensable. La diócesis de San Carlos de Bariloche otorga más de 700 módulos de alimentos frescos y secos en las distintas parroquias y la comida para más de 60 personas en el hogar Emaús. Además, articula la gestión de medicamentos e insumos de primer orden.
“Con la llegada del invierno, se suma a la solicitud de alimentos, el pedido de frazadas y leña. Tenemos donantes de leña y logramos articular la disposición de los camiones para la entrega con Parques Nacionales, pero la cantidad sigue siendo insuficiente”, manifestó Fernando Cembalo, director de Cáritas Bariloche.
Las capillas reciben mercadería (pollo, carne, queso, verduras, secos) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero desde Cáritas refuerzan la atención mensual con módulos de alimentos no perecederos que provienen del Banco de Alimentos, de donaciones particulares o de actividades para recaudar fondos.
Emergencia Alimentaria
Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, se prorrogó la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2025 en todo el territorio nacional.
Pero, desde su génesis, el Gobierno de Javier Milei retaceó toda asistencia destinada para sostener abiertos los comedores. Son numerosos los programas sociales que vienen siendo desfinanciados a costa de mantener el déficit cero. Al incumplimiento sistemático del marco legal que rige “Alimentar Comunidad”, se le suma la supresión del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). Se trataba de un organismo mediante el cual se acreditaba la existencia de las asociaciones que prestan servicios alimentarios a los sectores más vulnerables. Esto generó un movimiento sísmico en las agrupaciones, provocando un estado de alerta e incertidumbre. La decisión fue catalogada por la mayoría de las integrantes de la economía popular como un “intento más por invisibilizar a los merenderos”.
Los coletazos de la política nacional repercutieron a nivel local. En Bariloche, las medidas para asistir a la gran cantidad de la población que se encuentra por debajo de la línea de la indigencia terminan siendo estériles y ambiguas. Si bien el oficialismo reconoce y lamenta la displicencia del Gobierno libertario hacia los comedores, pivotea bajo el mismo corolario de la gestión libertaria: “eliminar los intermediarios”, como lo destacó en reiteradas oportunidades el jefe comunal.
Desde la Secretaría de Capital Humano y Acción Social aseguran que la articulación con los dispositivos sociocomunitarios barriales es nula. La ayuda social radica en la distribución mensual a demanda de alrededor de 1300 módulos de productos no perecederos, valuados en una partida que asciende a los 28 millones de pesos. Además, se otorgan 2 mil tarjetas para comprar alimentos, con un monto de 15 mil pesos por mes.
“Nosotros no trabajamos con merenderos y comedores. Tenemos entendido que el Concejo estaba haciendo un listado de cuántos hay en la ciudad, pero por ahora no hay registros”, dijo el funcionario a cargo de la cartera municipal, Fabián Zúñiga.
Y agregó: “La mayor demanda en el invierno son los alimentos. La gente va a los CAAT a pedir módulos y materiales para reforzar los cimientos de sus casas. Hay muchas familias damnificadas por los incendios que solicitan ayuda”.
La declaración municipal de Emergencia Alimentaria y Nutricional reconoce la existencia de 50 espacios comunitarios que proporcionan sustento nutricional a niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, entre otros, y que son provistos por donaciones y ayudas de diferente tipo y lugares. Dos años después de promulgar este estadio de alerta humanitaria, la mesa de articulación territorial para instrumentar políticas nutricionales no logró avances significativos. Aún ni siquiera existe un relevamiento de los dispositivos que funcionan en la ciudad. ¿Será otro ejemplo más de otra ordenanza que se convierte en letra muerta por la indiferencia política?
Comer con 12 mil pesos por mes
La ejecución del programa Alimentar Comunidad, creado bajo la Resolución 151/2025 se instrumenta a través de una prestación económica mediante una tarjeta prepaga física o virtual a representantes y/o responsables designados de comedores y/o merenderos comunitarios para la adquisición de alimentos. El problema recae en el monto económico que se destina a partir del relevamiento de la cantidad de porciones de comida que elabora cada espacio. La tarjeta consta de tan solo 12 mil pesos por mes para cada persona que busque ayuda.
En diálogo con ANB, Juan Fernández, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, comenta acerca de la difícil coyuntura que atraviesan para mantener activos los diversos espacios que administran en la provincia. “En nuestros merenderos no tenemos resuelto el tema de los alimentos. Dependemos en gran medida de nuestra campaña solidaria de donaciones “Ni un pibe con hambre” y nos ingeniamos para sostener los espacios. A la vez, peleamos para que los municipios y la provincia se hagan cargo de la población”, señaló.
La Ley de Emergencia Social establece el reconocimiento obligatorio del Estado al trabajo de los referentes de cada dispositivo social. Sin embargo, la cifra exigua que recibían se vio congelada por la actual administración del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y fue otro de los factores que originó el cierre de muchos merenderos.
“Quienes sostienen los comedores con su trabajo, en su mayoría son mujeres, que durante la pandemia eran consideradas por los medios hegemónicos como heroínas, trabajan con un salario ínfimo. Son las que cocinan y asisten a los más necesitados y cobran 78 mil pesos por mes”, adjuntó.
Solo uno de los 20 espacios que administra el MTD en Río Negro recibe el aporte social reglamentado por el programa Alimentar Comunidad, siempre con una frecuencia irregular.
Mientras que algunos festejan la llegada de la nieve y el arribo de gran cantidad de visitantes, el invierno arremete su filosa estocada sobre los que menos tienen. El esfuerzo de las cuadrillas municipales por reforzar y aislar las casas precarias antes del temporal, cada año es más insuficiente, y el hambre y desnutrición en una ciudad turística se vuelve tabú en la agenda política. (ANB)