Techo Digno: un empresario ofreció una obra para el municipio y evitó ir a juicio

Juan Castelli, el empresario propietario de Oriente Construcciones, ofreció un acuerdo para acceder al beneficio de suspensión de juicio a prueba luego de estar nueve años imputado en la causa Techo Digno, por fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta.

El acuerdo fue presentado este martes, ante el juez Marcelo Álvarez Melinger quien pidió un cuarto intermedio para evaluar su decisión. Finalmente, al mediodía indicó que aceptaba el acuerdo y Castelli accedió así al beneficio.

"Juan Castelli ofrece la construcción de una obra de 92 metros en un terreno que designó la municipalidad ubicado en las 400 viviendas", indicó el abogado del empresario vinculado a la causa. 

El letrado además remarcó que el empresario "tiene 72 años y los últimos 9 estuvo imputado en esta causa". Sobre el acuerdo, indicaron que se trata de "una reparación razonable, no es una reparación integral".

La audiencia se realizó este martes por la mañana. Foto: Marcelo Martínez.

El edificio implicaría una inversión de unos 180 millones de pesos, y Castelli manifestó su intención de comenzar con la obra en enero, extendiéndose por un plazo de ocho meses para finalizarla. 

El fiscal Martín Lozada remarcó que "dado que ha sido el erario municipal el perjudicado, y dado que está el intendente, pido la palabra" para conocer cuál es la postura del actual jefe comunal, Walter Cortés. 

"Para nosotros, la oportunidad de reparar algo tan importante que se ha cometido en nuestra ciudad, es de alguna forma que se haga justicia", sostuvo Cortés en la sala de Tribunales.

Además, agregó que "Bariloche necesita muchas obras, donde vamos a poner esta construcción es un lugar en el que la gente necesita atenciones médicas. Estamos de acuerdo en llegar a un acuerdo común para enmendar lo que supuestamente se ha hecho mal".

El intendente Walter Cortés se expresó a favor del acuerdo con el empresario. Foto; Marcelo Martínez.

Castelli por su parte, detalló cómo sería la obra  y explicó que "el proyecto tiene cierto parecido a lo que la provincia licita como centros de atención primaria". Además, agregó que "lo adaptamos a lo que hemos construido acá. Es parecido a las viviendas. Mampostería, ladrillos cerámicos, revestimiento de chapa que es lo que mejor se adapta, el frente tiene siding, cubierta de chapa a dos aguas, piso cerámico. Un baño y otro para discapacitados."

Luego del cuarto intermedio, el juez Álvarez Melinger indicó las pautas de conducta que se establecieron a Castelli. Entre ellas, deberá informar mensualmente al municipio sobre el avance de la obra, para corroborar que se cumpla dentro de los plazos previstos. 

La causa Techo Digno

Además de Castelli, están imputados la exintendenta María Eugenia Martini, el exfuncionario público Alfredo Milano. En su momento, el propietario de la empresa Alusa también estuvo imputado, aunque fue sobreseído por tener problemas de salud que le impedían comprender la situación judicial.

La causa se desprendió de una investigación nacional que derivó en una serie de imputaciones a distintos intendentes y funcionarios de la provincia. En Bariloche, tuvo distintas demoras por planteos realizados por los abogados defensores.

Los hechos se dieron más de 10 años atrás, cuando la por entonces intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, a fines del año 2013 a través del cual se comprometía la construcción de 376 viviendas en una etapa y 495 después, obras que fueron licitadas y adjudicadas por las empresas Oriente y Alusa.

Martini, en su calidad de intendenta, debía desembolsar mensualmente montos de dinero que dependían del avance de las obras por parte de las firmas constructoras. Desde Nación, se transfirieron 117 millones de pesos para tal fin, lo que representaba casi la totalidad del financiamiento. 

Entre abril 2014 y julio de 2015, la Municipalidad recibió $117.657.876 destinados a la construcción de la primera etapa de las viviendas. Tal suma representó el 98% del total referido (suma que superaba los 119 millones de pesos)”, detalló el fiscal Martín Lozada. 

Además, entre las partes se fijó un plazo de 24 meses para la concreción de las obras y “del licitado convenio surgen una serie de obligaciones para Martini. En primer término, debería respetar la documentación y especificaciones técnicas”, indicó tiempo atrás el fiscal Martín Lozada.

Martini, en ese entonces, tenía que pagar parte del total, contra certificación del avance de las obras.

Alfredo Milano, contratado como inspector de obra por el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas tenía a su cargo certificar los avances de las obras para que concretamente, se depositara el dinero correspondiente a los trabajos realizados. 

Según la acusación de la Fiscalía, Martini, valiéndose de los certificados que daban cuenta de un avance mayor al real, le dio un “beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lucro indebido”. 

Esta maniobra, de acuerdo a la acusación, se repitió en las licitaciones de otras partidas de vivienda del mismo programa.