Juzgarán a Nicolás Choque Vargas por el homicidio de Gastón Latiff

La Justicia resolvió elevar a juicio la causa por el homicidio de Gastón Marcelo Latiff, ocurrido en febrero de 2025 en el barrio San Francisco IV, y el imputado, Nicolás Ismael Choque Vargas, será juzgado por un tribunal colegiado.

La decisión se conoció este lunes (11/05), luego de finalizada la audiencia de control de acusación, instancia en la que las partes detallaron las pruebas que buscarán incorporar durante el debate oral y público.

De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 10 de febrero de 2025 entre las 22.30 y las 22.50 en el interior de la despensa "Quimey Ruca”, ubicada en la intersección de las calles Habana y Namuncurá.

Según la teoría del caso, Gastón Latiff se encontraba junto a su pareja cuando se produjo un altercado con otras personas presentes en el lugar. En ese contexto, el imputado habría intervenido utilizando un cuchillo y provocado múltiples heridas cortopunzantes.

La lesión fatal, indicaron, afectó la región del cuello y provocó la muerte de la víctima producto de un shock hipovolémico.

El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio simple, conforme a los artículos 45 y 79 del Código Penal.

Durante la audiencia, la Fiscalía y la querella ofrecieron como prueba testimonios de efectivos policiales, civiles que estuvieron presentes durante el episodio, profesionales del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense, además de informes periciales, registros fílmicos, reconstrucciones de la secuencia del hecho y distintos elementos secuestrados durante la investigación.

Por su parte, la Defensa Pública Penal cuestionó parte de la evidencia recolectada durante la etapa preparatoria y adelantó que sostendrá una teoría del caso diferente a la planteada por la acusación.

En ese sentido, incorporó prueba vinculada al estado emocional y de salud mental del imputado al momento del hecho, incluyendo informes periciales y declaraciones de profesionales y allegados.

Otro de los puntos debatidos fue la integración del tribunal encargado del juicio. La querella, en representación de la familia de la víctima, solicitó que el caso fuera juzgado mediante un jurado popular y cuestionó la constitucionalidad del artículo 26 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y resolvió que el juicio se realice ante jueces profesionales. Para ello consideró razonable la pretensión punitiva de la Fiscalía, que solicitó una pena de hasta 12 años de prisión por homicidio simple para una persona sin antecedentes penales.

Finalmente, el magistrado admitió la prueba documental presentada por las partes, declaró abierta la etapa de juicio y dispuso la continuidad de la prisión preventiva del imputado, bajo internación en el área de salud mental del hospital local, hasta la realización del debate.

Se prevé que el juicio se desarrolle en cinco jornadas y que declaren alrededor de 50 testigos. La fecha será definida próximamente por la Oficina Judicial. (ANB)