Martini sobre la Ley Pierri: “El Gobierno dispone de las herramientas pero no las aplica”

El bloque de legisladores del Frente de Todos pidió informes al Ejecutivo provincial para que explique las demoras en la implementación de la Ley Pierri, la cual busca garantizar el acceso a la tierra y la vivienda.

“El Estado provincial dispone de las herramientas pero no las aplica”, aseguró la presidenta del bloque del  Frente de Todos, María Eugenia Martini.

“Río Negro sufre una profunda problemática con el acceso a la tierra y la vivienda. Son situaciones violentas muchas veces, que se multiplican sin encontrar una solución definitiva”, señaló la legisladora al presentar el pedido de informes dirigido al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

“Por supuesto que si el Gobierno tuviera alguna iniciativa será bienvenida; sin embargo la Ley Pierri está vigente desde hace años, y es una respuesta eficaz a la que el Ejecutivo provincial no ha hecho más que ponerle trabas. La gobernadora debería ponerla en marcha en forma inmediata”, añadió.

La Ley nacional 24.374 o “Ley Pierri” establece la regularización dominial de inmuebles urbanos que tengan como destino el de vivienda única y permanente a favor de ocupantes que por no disponer de recursos no hubieran podido completar los trámites de escritura de sus hogares, pero que no obstante puedan acreditar la posesión pública, pacífica y continua de la propiedad durante 3 años.

Río Negro adhirió a la Ley Pierri, mediante la Ley provincial 3.396 sancionada en el año 2000, pero demoró casi dos décadas hasta su reglamentación instrumentada por el Decreto 1167 de octubre de 2017.

Este Decreto designa al IPPV como autoridad de aplicación para coordinar con los municipios la instrumentación de la Ley, fija además una fecha de corte (los 3 años de ocupación del inmueble deben ser anteriores al 1 de enero de 2009); establece como requisito que los beneficiarios acrediten su permanencia en el lugar (a través de un boleto de compra venta,  recibos de pago de impuestos y servicios u otras constancias), y un plazo no mayor a 30 días para que otros particulares que se consideren con derecho a la propiedad puedan objetar el trámite.

Desde el bloque mencionan que un caso testigo es Bariloche,  donde a partir de enero de 2018 el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS ) anunció la puesta en marcha de talleres informativos y asesoramiento a los vecinos para el armado de las carpetas, paso central para iniciar el trámite. Sin embargo, transcurridos 2 años, ningún trámite se concretó.

En agosto de 2019, las autoridades del IMTVHS estimaron que en Bariloche había más de 8 mil casos de regularización dominial pendientes con posibilidades de acogerse a la Ley Pierri. De estos, solo unos 400 interesados fueron inscriptos en los listados del Instituto municipal. Este a su vez giró al IPPV apenas una decena de carpetas, que al cabo el organismo provincial rechazó.

“En Bariloche, por ejemplo, el acuerdo entre el municipio y el IPPV para la implementación de la Ley Pierri es de 2016”, recordó María Eugenia Martini, y estimó que “ya ha transcurrido un tiempo más que prolongado, durante el cual se supone que se avanzó en el trabajo en territorio, y sin embargo ningún trámite se concreta”.

“Hay casos emblemáticos en la ciudad”, indicó, “como el de Virgen Misionera, Villa Llanquihue y Pampa de Huenuleo, posesiones  que datan de 20 o 40 años. La Ley Pierri representa el pasaje institucional de lo legítimo a lo legal. Todos los instrumentos están vigentes, hay una Ley, está reglamentada y es urgente cumplirla”.

Para Martini, “este relevamiento lleva  además a visibilizar una problemática oculta, estigmatizada porque el acceso a la tierra no es fácil para los sectores populares. La gente se instala donde puede y como puede y se necesita una política pública que los regule, que defina qué es legal y qué no lo es”.

Entre otros aspectos el bloque del Frente de Todos pidió que el IPPV “detalle cuáles son las razones por las  que  no se ha implementado en la ciudad de San Carlos de Bariloche”, y cuáles son “las acciones y políticas públicas que el IPPV tiene planificadas, diseñadas, iniciadas o  previstas a fin de dar cumplimiento a lo mandado por la Ley”.

En el mismo sentido, los legisladores solicitaron al Instituto provincial que “indique cuántas son las familias en condiciones de acogerse a los beneficios de la norma” e “informe si se ha efectuado algún relevamiento”, como así también que “señale si se han presentado familias al efecto de inscribirse. Y las respuestas que se han brindado desde el organismo”.

Finalmente requirieron al IPPV que describa las tareas de asesoramiento ofrecidas a la Municipalidad de Bariloche para la confección del listado de posibles beneficiarios y el estado de avance actual del empadronamiento.

“Se trata de progreso e inclusión. De garantizar derechos. Las familias adquieren certeza sobre sus hogares cuando escrituran. Contribuyen al ordenamiento municipal, y alcanzan una mejora en su calidad de vida”, concluyó Martini.