Aborto legal, seguro y gratuito en contexto de ajuste

A casi cinco años de la sanción de la ley que garantiza el derecho al aborto de forma legal, segura y gratuita, los recortes de presupuesto, la falta de médicos y las dificultades para acceder a la medicación, son ejes que complejizan la atención de personas que necesiten acceder a una práctica en el sistema de salud pública. Pese a esto, un grupo de profesionales continúa el trabajo en el hospital zonal y garantiza los derechos. 

“Tanto en los centros de salud como en el hospital, garantizamos IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) o ILE (Interrupción Legal del Embarazo), aunque en los últimos dos años, tuvimos que empezar a ser más estrictos con quienes tienen obra social”, detalló Ailín Scheider de Haro, médica generalista del hospital.

La ley 27610 se sancionó en plena pandemia, épocas complejas para la salud en el país. En Bariloche, a mediados de 2021 se construyó un hospital modular en el kilómetro 8 de la avenida Pioneros, con la intención de mejorar la capacidad de atención en medio del Covid-19, pero luego los casos bajaron y poco después, pasó a tener otra utilidad.

Allí, la médica generalista Schneider de Haro, junto a otras profesionales, instalaron el consultorio de IVE, donde atendían y explicaban a las personas sobre los alcances de la ley y los derechos que ellas mismas garantizaban. 

Este espacio cerró en 2024. Casi como una muestra de los recortes a nivel Nacional, con poco acceso a los insumos, pero sobre todo y más grave aún, con vaciamiento de profesionales, una situación que se repite en distintos estamentos públicos. Y después de todo, un espacio de salud sin profesionales que puedan atenderlo, no es más que un edificio vacío.

“Se disolvió porque no pudimos sostenerlo ante la falta de personal. Éramos médicas generalistas y otras que estaban haciendo la residencia, pero luego no entraron al sistema de salud. Otras personas se tuvieron que ir al sistema privado o conseguir más trabajos porque los salarios no alcanzaban”, contó Scheider De Haro.

Los recortes aplicados por el gobierno nacional en los últimos dos años, afectaron seriamente al sistema de salud pública y las prácticas de IVE o ILE no quedaron exentas. En 2024, Nación decidió paralizar la compra de insumos necesarios para un aborto. Esto puso en jaque, una vez más, los derechos conquistados y aumentó la incertidumbre sobre lo que ocurriría. Además, se comenzaron a intensificar los discursos en contra de la ley que garantiza abortos legales, seguros y gratuitos, asegurando que abolirían la normativa. Esto sumó, a un panorama difícil, más confusión y desconocimiento. 

“El gobierno provincial tomó la decisión de continuar con la ley y brindan la medicación, pero cada vez es más exigente la entrega, tenemos que completar muchísimos formularios y a veces estamos a contratiempo”, relató la médica. 

La profesional indicó que en el último tiempo se tornó complejo poder registrar estadísticas, debido a que son 14 centros de salud en la ciudad los que brindan atención IVE, a los que se suman las atenciones en centros privados o de personas con obra social que adquieren los medicamentos por otra vía.

Desde que se sancionó la ley, hasta hoy, la mayoría de las personas que accedieron a un aborto ronda entre los 20 y los 40 años. “Atendemos menores, pero no son numerosos los casos”, indicó. Además, la atención varía de acuerdo a las edades. “En general, las niñeces, menores de 13 años, son embarazos producto de abusos, por lo que requieren otro abordaje”. 

Además de la posibilidad de acceder a una interrupción del embarazo con medicamentos (Misprostol o Mifepristona), también existe la AMEU (aspiración manual endouterina) aunque está seriamente dificultada debido a la falta de profesionales capacitados para realizarla. 

“La ley dice que hay que ofrecer las opciones, pero no podemos hacerlo por falta de personal. Lo tenemos disponibles para casos con complicaciones. El instrumental es bastante común, de bajo costo, pero nos falta el recurso humano. En el centro del kilómetro 8 nunca pudimos tener personal para hacerlo”, relató.

Además de esto, también existe la objeción de conciencia que pueden realizar los profesionales de la salud. “Hay un libro en el hospital donde se inscriben las personas que no realizan prácticas de aborto. Eso no los exime de realizar toda la consejería” explicó y añadió que “si tienen consulta con alguien que solicita un aborto, tienen el deber de informar todo y con quién continuar el procedimiento”.

Esto no siempre sucede y Scheider de Haro recordó que les ha tocado atender a personas cuyos médicos reaccionaron mal ante la consulta por aborto, cuestionando su decisión. 

En el último tiempo, además, se sumó la confusión. Los discursos del gobierno y sus funcionarios, en contra del aborto y de la ley, generaron que muchas personas piensen que ya no existía el derecho. 

Pese a esto, sigue habiendo consultas y atención en cualquiera de los centros de salud o el mismo hospital, donde se pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Allí, las personas acuden, consultan y como primera medida, se solicita una ecografía que se realiza en el nosocomio, para determinar el tiempo de gestación. 

La ley 27.610 reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. A partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.

La IVE se realiza con medicamentos, de manera ambulatoria. “Después de eso hay un control para ver cómo fue todo. Los abortos con medicamentos son sumamente seguros, tienen muy baja tasa de complicaciones, pero en ese caso, se debe recurrir a la guardia donde se evaluará si es necesaria o no una internación o intervención quirúrgica”, detalló.

Las socorristas cumplen un rol fundamental también. Organizadas de manera solidaria y voluntaria, atienden llamados sobre consultas y dudas y tuvieron un rol vital durante años previos a la ley. Si bien en este momento no hay socorristas en Bariloche, “están las de la Comarca que se hacen cargo de todo. Acompañan un montón, se pusieron al hombro el trabajo y hacen una labor amorosa y lleno de militancia”, destacó la médica.

En un contexto de desfinanciamiento y recortes, garantizar el acceso a la salud, las prácticas y los derechos, es un esfuerzo digno de reconocer. “Atendemos incluso a personas que vienen de pueblos o parajes, donde no consultan por vergüenza, miedo o los prejuicios que habrá”, señaló y agregó que “con la ley, la gente tuvo más conocimiento, saben que es su derecho y que pueden solicitarlo”. (ANB)