Comenzó el juicio por las falsas amenazas de bomba en Tribunales

Este martes llegó a juicio la causa por las falsas amenazas de bomba en el edificio de Tribunales y Ramiro Buenuleo y Leonardo Feltez enfrentan los cargos pese al pedido realizado por la defensa para llegar a un acuerdo y lograr la suspensión de juicio a prueba.

Este inicio de juicio se da en el marco del debate oral y público por los delitos de usurpación a un lote pastoril de 90 de hectáreas ubicados en la ladera del Cerro ventana de nuestra ciudad en contra de ocho personas miembros de la comunidad mapuche Lofche Buenuleo.

La abogada defensora, Natalia Araya, planteó en la audiencia de esta mañana, la posibilidad de acordar entre las partes la suspensión de juicio a prueba. A cambio, ofreció que los acusados realizaran 100 horas de trabajo comunitario, el pago de 100 mil pesos, un pedido de disculpas público y la obligatoriedad de no ingerir bebidas alcohólicas por un año y medio.

Ante el pedido, la fiscal Betiana Cendón manifestó su rechazo y consideró que se trata de una “cuestión precluida”. Además, consideró que “el hecho fue de extrema gravedad, estábamos en una audiencia de control de acusación y esto implicó la evacuación del edificio, de la CEB, del Registro de Propiedad. Una erogación económica que supera por mucho la propuesta hecha”.

Finalmente, el tribunal presidido por la jueza Romina Martini, concluyó que si bien no consideran “precluida” la situación, si presenta “conectividad con el otro hecho que estamos investigando”, en relación a la causa por usurpación contra los miembros de la comunidad mapuche. Por esto, manifestaron que “rechazamos la suspensión del juicio a prueba”.

La audiencia continuó durante la mañana con los alegatos de la defensa y la fiscalía y luego, la presentación de distintos testigos, incluidos los efectivos policiales que ese día, recibieron las llamadas telefónicas alertando por un artefacto explosivo en el interior del edificio.

Durante los alegatos de apertura, la fiscal Cendón hizo un repaso de cómo sucedieron los hechos, que según consideró, tenían "un fin doble. Perturbar el orden propio de la audiencia que se estaba llevando adelante en el marco del legajo que se juzga conjuntamente con éste" y causar alarma en la sociedad.

Luego se refirió al modo en que llevaron adelante esta acción y el rol específico de cada uno. "Más allá de la convergencia intencional, uno de los aquí imputados siguiendo específicamente las instrucciones del otro acusado -que recibió vía WhatsApp, realizó las llamadas".

"El Ministerio lo que pretende es llevar adelante una imputación en relación al delito no solamente de la intimidación pública si no también por la perturbación de las actividades de orden judicial que se estaban llevando a cabo; como coautores cada uno en su rol en convergencia intencional", sostuvo la fiscal.

Por su parte, la defensora indicó en sus alegatos que "a lo largo de este debate vamos a ver que la Fiscalía cuenta con una carga probatoria importante. Pero lo cierto es que la misma, no prueba la convergencia intencional ni el acuerdo de voluntades. No van a poder acreditar esta parte".

En la continuidad la defensora destacó que "no se encuentran los elementos típicos constitutivos de los delitos de intimidación pública y perturbación del ejercicio de las funciones públicas conforme a lo que tiene que ver con lo objetivo y subjetivo que tiene que tener todo delito para ser tipificado como tal.

Cuándo fue la amenaza de bomba

El hecho puntual ocurrió el 6 de septiembre de 2022, cuando se realizaba una audiencia en el marco de la investigación por la usurpación de un predio al pie del cerro Ventana, por parte de miembros de la comunidad mapuche Buenuleo en el marco de un reclamo territorial.

Ese día, en medio de la audiencia se recibió el aviso de una amenaza de bomba en el edificio del Poder Judicial, lo que obligó a evacuar todo el predio, pero además, edificios aledaños como el de la Cooperativa de Electricidad Bariloche y el Registro del Automotor que se encuentra ubicado en John O’Connor.

Luego de confirmar que era una falsa alarma, se inició una investigación para determinar quién había sido el autor de los llamados al 103. En ese marco, se realizó una intervención telefónica con la cual se pudo establecer quién era el titular de la línea de la que se realizaron los llamados.

En marzo de 2023, el juez Martín Arroyo elevó a juicio la causa en la que Ramiro Buenuleo y Leonardo Feltez fueron imputados por el delito de “intimidación pública” y ahora, luego de que se iniciara el juicio por usurpación, comenzó a juzgarse lo relacionado a las falsas amenazas. (ANB)