Una exfuncionaria municipal, imputada por estafas inmobiliarias

La extitular del Instituto de Tierras y Viviendas, Laura Zannoni, fue imputada por tentativa de estafas inmobiliarias, que habrían sido cometidas en complicidad con Norberto Gutiérrez, imputado meses atrás por el mismo delito con cifras millonarias.

La exfuncionaria municipal llegó a Tribunales con un barbijo que le cubrió mitad de la cara y permaneció durante toda la audiencia, de espaldas a la prensa, para evitar ser fotografiada o captada por las cámaras.

Zannoni fue imputada por tres hechos de intentos de estafas con distintas víctimas. En las tres situaciones relatadas, aparece vinculada a Norberto Gutiérrez, un hombre que fue imputado por estafas con terrenos y también, por engañar a distintas personas prometiendo accesos a viviendas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda.

Gutiérrez fue imputado en junio de este año por más de 30 estafas contra personas a las que le vendía lotes que no le pertenecían. Además, en el allanamiento realizado en su vivienda, encontraron documentación del IPPV. La imputación se amplió en octubre, cuando se le sumaron otras 4 denuncias. 

Zannoni estuvo al frente del Instituto de Tierras y Viviendas hasta 2019. Foto: Marcelo Martínez.

El fiscal Tomás Soto enumeró y describió los hechos que se le imputan. “En este período engañaron y despojaron patrimonialmente a la víctima por la venta de un lote que está ubicado en Entre Cerros”, relató.

Según lo indicado por el fiscal, en 2019, una pareja acudió al domicilio de Zanoni donde ella misma les habría presentado a Gutiérrez, ya que sabía que se encontraban en la búsqueda de un terreno para comprar.

Gutiérrez “exhibe documentación falsa sobre un lote específico. Los convencieron de que era legítimo y que podían adquirir el terreno”, señaló Soto y añadió que el valor del mismo era de $1.200.000. “Al día siguiente van al Centro Administrativo y se firma la cesión de derechos”, agregó.

Las víctimas hicieron un primer pago de 630 mil pesos que, según lo denunciado, recibió Zannoni en mano. Luego, acordaron pagar la suma restante en 28 cuotas de 20 mil pesos cada una, para lo cual, la ahora imputada, quien también es abogada, les hizo firmar 28 pagarés en blanco. Algunas de las operaciones, se realizaron en el estudio que Zannoni tenía en Morales al 300.

El fiscal Tomás Soto detalló los tres hechos por los que se acusa a Zannoni. Foto: Marcelo Martínez.

El fiscal explicó que luego “las víctimas fueron contactadas por un abogado quien les indicó que él recibió los pagarés en concepto de una deuda que Zannoni y Gutiérrez tenían” con el letrado.

La víctima de este primer hecho, representado por el abogado Alejandro Bianco Dubini, se presentó como querellante en la causa e indicó que la mujer se presentó como agente inmobiliaria al momento de conocerla.

El segundo hecho detallado por la Fiscalía, está relacionado con las distintas maniobras y operaciones que se desplegaron para la venta de un supuesto remanente de viviendas del IPPV. El episodio ocurrió en 2020, cuando la imputada habría intentado engañar a una mujer.

La víctima recibió la promesa de que recibiría una vivienda a cambio de una suma de dinero que debía entregar, sumado a documentación personal y constancia de que no poseía propiedades a su nombre.

Zannoni habría entregado el acta de tenencia precaria en el intento de estafa, que para Soto, “no se podría haber llevado a cabo sin la ayuda de Gutiérrez”. En este hecho, la imputada simuló ser abogada del IPPV y presentó documentación con las firmas de funcionarios a cargo del organismo.

En este caso, le solicitaron a la víctima la entrega previa de 600 mil pesos para asegurarse la vivienda, aunque la mujer no contaba con el dinero, por lo que no concretó el pago.

Zanoni permaneció toda la audiencia de espaldas a la sala. Foto: Marcelo Martínez.

A fin de simular los requisitos que solicitarían, le requirió documentación personal y una constancia de que no poseía viviendas. Se requerían 600 mil pesos, aunque no los pudo entregar.

En el último hecho descripto por el fiscal Soto, Zannoni “engañó a otras personas con una maniobra que consistió en hacerse pasar por abogada de IPPV y ofreció venta de una vivienda a cambio de dinero”.

En este caso, los afectados serían una pareja y el hermano de la mujer, a quienes Zannoni les manifestó que “había casas que no habían sido adjudicadas y que ella las estaba ofreciendo a familias que las necesitaban”.

Las víctimas entregaron la documentación requerida y la mujer manifestó que deberían esperar que llegaran las carpetas del IPPV. Una vez que dio aviso de la supuesta carpeta, desembolsaron 300 mil pesos cada uno, para garantizar el acceso a las viviendas. A cambio, recibieron dos actas de tenencia precaria con la firma falsificada de los titulares del IPPV.

Soto agregó que “las víctimas tomaron conocimiento de la imputación de Gutiérrez a través de los medios y se reunieron con Zannoni, quien les ofreció devolverles el dinero pidiendo que no la denuncien”.

El juez Pichetto tuvo por formulados los cargos contras la mujer. foto: Marcelo Martínez.

Debido a estos tres hechos, Soto solicitó que se impute a la mujer por estafas en grado de tentativa, falsificación y uso de instrumento público. Además, solicitó un plazo de dos meses para la investigación y como medidas cautelares, la fijación de domicilio y la presentación a las audiencias.

El abogado que representa a uno de los hombres que habría sido estafado, manifestó estar de acuerdo con la descripción del fiscal y el plazo solicitado para la investigación.

El defensor de Zannoni, Marcelo Ponzone, sostuvo que “todos los hechos relatados no se corresponden en ningún modo con la prueba que aportaremos” y añadió que Zannoni “no se vincula de ninguna manera con Gutiérrez”.

Para el defensor, “la conducta de Zannoni fue ajustada a derecho, no existe defraudación”, aunque no se opusieron a la formulación de cargos. La imputada, por último, indicó que no declararía en esta instancia judicial.

El juez Sergio Pichetto tuvo por formulados los cargos y sostuvo que, de comprobarse que los hechos ocurrieron como relató el fiscal, se confirmaría el delito. La investigación finalizaría el 22 de febrero del año próximo.(ANB)