Cámaras en las aulas de Neuquén: Stillger propone que las escuelas puedan solicitarlas y ATEN se opone

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial comenzó el tratamiento del proyecto impulsado por la diputada Gisselle Stillger, junto a Mercedes Tulián. La iniciativa propone incorporar herramientas de videovigilancia en escuelas públicas y privadas para mejorar las condiciones de seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente.

Durante la reunión, hubo coincidencias mayoritarias sobre la posibilidad de colocar cámaras en espacios comunes de los establecimientos. Sin embargo, la discusión se centró en la instalación de dispositivos dentro de las aulas, una cuestión que enfrenta posiciones diferentes.

Por un lado, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y el Consejo Provincial de Educación (CPE) plantearon que las cámaras deben estar prohibidas en esos espacios. Esta postura también fue respaldada por algunos legisladores, que consideraron necesario excluir las aulas de los sectores habilitados para la videovigilancia.

En cambio, Stillger propuso mantener abierta la posibilidad de instalar cámaras dentro de las aulas cuando los equipos directivos de las escuelas lo consideren necesario y soliciten su colocación.

Una alternativa a la prohibición de cámaras en las aulas

La diputada explicó que recibió pedidos de docentes que consideran que estos dispositivos podrían servir como una herramienta de protección ante situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas.

A partir de esas inquietudes, planteó que la normativa permita a las autoridades de cada escuela evaluar sus necesidades y solicitar la instalación de cámaras, en lugar de establecer una prohibición general para todas las aulas.

La propuesta busca contemplar las distintas realidades de los establecimientos educativos y dejar la decisión sujeta a un pedido de sus equipos directivos.

El planteo de Stillger representa una alternativa intermedia frente al texto que obtuvo despacho en la Comisión de Educación. Esa versión contempla la instalación progresiva de cámaras tanto en las aulas como en otros espacios pedagógicos.

La discusión legislativa deberá definir, por lo tanto, si las aulas quedan excluidas de manera expresa del sistema de videovigilancia o si se habilita su incorporación bajo determinadas condiciones.

Qué establece el proyecto sobre las imágenes

Además de la discusión sobre los lugares en los que podrán colocarse los dispositivos, la iniciativa contempla una serie de restricciones para resguardar la privacidad de las personas que concurren a las escuelas.

Entre las medidas previstas se encuentran la confidencialidad de las imágenes y el acceso restringido al material registrado. También se prohíbe su difusión pública, con el objetivo de evitar que las grabaciones sean utilizadas fuera de los fines establecidos por la normativa.

El proyecto, además, excluye el uso de sistemas de reconocimiento facial y de identificación biométrica de menores de edad.

Otra de las limitaciones alcanza a los espacios en los que la instalación de cámaras podría afectar directamente la intimidad. En ese sentido, la iniciativa impide colocar dispositivos en sanitarios y en otros sectores donde la privacidad de las personas deba quedar protegida.

Estas condiciones forman parte de los aspectos que deberán considerarse durante el tratamiento legislativo, junto con la definición de los espacios habilitados para la videovigilancia.

Un debate que continuará en la Legislatura

El tratamiento del proyecto pone en discusión cómo incorporar herramientas de seguridad en las escuelas sin afectar la privacidad de estudiantes y trabajadores de la educación.

Mientras ATEN y el Consejo Provincial de Educación sostienen que las aulas deben quedar fuera del sistema, Stillger defiende la posibilidad de que las autoridades escolares puedan solicitar cámaras cuando consideren que son necesarias para proteger a la comunidad educativa.

La diputada sostuvo que el debate también debe contemplar las inquietudes de los docentes que reclaman contar con herramientas frente a situaciones de violencia.

La definición dependerá del avance del tratamiento legislativo y de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los distintos sectores. Uno de los puntos centrales será determinar si la instalación de cámaras se limitará a pasillos y espacios comunes o si también podrá autorizarse dentro de las aulas a pedido de los equipos directivos.