El Frente de Izquierda por el Socialismo convoca a movilizarse contra la derogación de la "Ley de Tierras"

El Frente de Izquierda por el Socialismo, coalición integrada por Izquierda Socialista, el Partido Obrero y Marabunta, emitió una fuerte declaración pública titulada "Contra la entrega de tierras a extranjeros", en la que fija posición frente al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la cautelar que frenaba el DNU 70/2023. El documento difundido califica el dictamen del máximo tribunal como un "fallo insólito" que pasa por encima del Congreso Nacional y de la voluntad popular al desestimar la presentación de los excombatientes de Malvinas y habilitar la eliminación de los topes a la propiedad extranjera.

La izquierda denunció la gravedad de la situación territorial actual, recordando que, aun bajo la vigencia del límite del 15 % por distrito, la extensión de campos en manos extranjeras en el país equivale a toda la superficie de la provincia de Santa Fe. 

Asimismo, la alianza para las constituyentes puso especial énfasis en la realidad patagónica, señalando que en el departamento Lácar (Neuquén) el 50 % de la tierra pertenece a capitales extranjeros, ámbito donde graficaron que "un guardia austríaco te impide subir a la montaña". Asimismo, el texto denuncia que muchas de estas estancias colindan con la Cordillera de los Andes, abarcando fuentes estratégicas de agua dulce y reservas ambientales que han sido escenario de severos conflictos territoriales con comunidades originarias, mencionando los hechos en los que resultaron asesinados Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay.

Además, expone datos sobre adquisiciones por parte de capitales del Medio Oriente en zonas clave del sur argentino: señala que el Estado de Qatar adquirió 14.000 hectáreas en áreas fronterizas de Río Negro mediante testaferros locales, mientras que Emiratos Árabes Unidos acumula más de 50.000 hectáreas en tres franjas estratégicas entre la cordillera y la costa. 

Frente a este panorama, la coalición afirmó que "debemos parar esto con la movilización popular" e hizo un llamado explícito a sumarse a la asamblea convocada por la agrupación "Defendamos nuestra tierra" para este lunes 5 de octubre a las 18:00 hs en las instalaciones de UnTER (Elflein 735), con el objetivo de definir las medidas de fuerza y organizar una marcha masiva contra la entrega de bienes comunes.

El contexto de la Ley de Tierras: del marco regulatorio de 2011 a la resolución de la Corte

La Ley de Tierras, sancionada por amplia mayoría parlamentaria en 2011, estableció por primera vez en Argentina un tope legal del 15 % para la titularidad de inmuebles rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras a escala nacional, provincial y municipal. Esta regulación buscaba preservar el dominio soberano sobre áreas de frontera, cuencas hídricas y ecosistemas vulnerables. Sin embargo, al asumir el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei dispuso la derogación completa de este cuerpo normativo mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.

La vigencia de esa derogación había quedado paralizada por la vía judicial tras la presentación del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM-La Plata), que obtuvo fallos de primera instancia ante el juez federal Ernesto Kreplak y posteriormente la confirmación de la Cámara Federal de La Plata, declarando la inconstitucionalidad del artículo por vulnerar la soberanía territorial. No obstante, la resolución de la Corte Suprema de Justicia revocó dichas sentencias argumentando únicamente que el CECIM carecía de "legitimación activa" para representar al colectivo de la sociedad en la causa.

Al no ingresar en el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 154, el dictamen de la Corte dejó en pie la derogación de la ley impulsada por el Ejecutivo, aunque dejó abierta la vía para que personas físicas, jurídicas o los propios estados provinciales y municipales directamente afectados inicien nuevas acciones legales. Ante la remoción de las restricciones judiciales, las organizaciones sociales, ambientales y políticas anunciaron que retomarán las movilizaciones de protesta en todo el país para frenar la venta ilimitada de tierras.