Advierten por el impacto en Río Negro del fallo que dejó sin efecto los límites a la extranjerización de tierras

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó nuevamente operativo el esquema establecido por el DNU 70/23 tras la derogación de la Ley de Tierras Rurales generó cuestionamientos en Río Negro.

El legislador provincial Leandro García expresó su preocupación por las consecuencias que, según planteó, puede tener la decisión en el territorio rionegrino, particularmente por la situación de algunos departamentos donde la participación extranjera sobre la superficie rural se encuentra muy por encima del promedio provincial.

La Ley 26.737 establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También contemplaba restricciones específicas para determinadas zonas y para inmuebles rurales que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

Según los últimos datos oficiales disponibles del Registro Nacional de Tierras Rurales citados por García, el 1,8% de la superficie rural de Río Negro se encontraba en manos extranjeras, equivalente a unas 317.496 hectáreas.

Sin embargo, el legislador advirtió que el promedio provincial oculta diferencias importantes entre departamentos. En Bariloche, el porcentaje alcanzaba el 13,61%, mientras que en Pilcaniyeu llegaba al 10,48%.

“No podemos mirar solamente el promedio provincial. En nuestra provincia tenemos una enorme extensión territorial y zonas estratégicas donde se cruzan bienes naturales comunes, recursos hídricos, producción, turismo y frontera”, sostuvo García.

Y agregó: “Allí la discusión sobre quién tiene la propiedad y quién decide sobre el territorio es una discusión de soberanía”.

El impacto sobre las tierras rurales

García cuestionó que, a partir de la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dejen de regir los límites que establecía esa normativa para la titularidad extranjera.

“La decisión de la Corte vuelve a dejar a nuestro territorio expuesto a una lógica donde la tierra aparece como una mercancía más. Y la tierra no es una mercancía cualquiera: es territorio, producción, arraigo, soberanía y futuro”, afirmó.

El legislador también hizo referencia a las restricciones que contemplaba la normativa para inmuebles rurales vinculados con cuerpos de agua y a las limitaciones relacionadas con las zonas de seguridad de frontera.

En ese marco, planteó una comparación con la situación de pobladores rurales que todavía atraviesan procesos de regularización dominial.

“Es una contradicción enorme: un poblador que vive, trabaja y produce durante décadas en un territorio tiene que atravesar años de trámites para obtener la seguridad jurídica sobre su tierra, mientras el Gobierno nacional facilita que grandes capitales puedan acceder al territorio sin los límites que establecía la legislación argentina”, señaló.

No obstante, García aclaró que su cuestionamiento no apunta específicamente a la nacionalidad de quienes invierten o adquieren propiedades.

“No se trata de estar contra quien viene de otro país a invertir, producir o vivir en la Argentina. Se trata de discutir qué modelo de ocupación territorial queremos”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció entre la inversión productiva y la concentración de grandes extensiones de territorio estratégico en pocas manos.

Finalmente, el legislador consideró que el Congreso debería retomar la discusión sobre los límites a la extranjerización de tierras rurales.

“El DNU 70/23 no puede convertirse en una vía para desarmar las herramientas que durante años construyó el Estado argentino para proteger nuestro territorio”, afirmó.

“Tenemos que volver a discutir estos límites en el Congreso y defender una política de tierras que priorice el arraigo, la producción, el acceso a la tierra de nuestros pobladores y la soberanía territorial”, concluyó.

García sostuvo además que Río Negro necesita una política de tierras orientada a garantizar el arraigo y la producción y planteó que el territorio no debería quedar “librado exclusivamente a la lógica del mercado”. (ANB)