“Los que lo asesinaron por la espalda caminan libres y mi sobrino ya no”: el dolor de la familia Nahuel

El reciente fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, que redujo las penas y anuló las inhabilitaciones fijadas para los cinco integrantes de la Prefectura Naval Argentina, generó rechazo e indignación en el entorno familiar de Rafael Nahuel. En diálogo con ANB, María Nahuel, tía del joven de 22 años asesinado en 2017, expresó el sentimiento de impotencia que atraviesa a los allegados tras confirmarse que ninguno de los uniformados cumplirá prisión efectiva.

Al referirse a la resolución judicial, María aseveró “Si sería yo que maté a alguien, ya estuviera toda para toda mi vida presa yo”. En ese sentido, contrapuso la situación procesal de los acusados con el trato penal hacia la población originaria, afirmando que los efectivos “caminan libres porque son parte del Estado” y agregando que el gobierno “antimapuche, antepobre” contribuye a que se mantenga esta situación.

María manifestó su profunda decepción y remarcó que no esperaban un dictamen que dejara sin efecto el encarcelamiento. “Esperábamos como hace la justicia cuando vemos que matan a alguien, lo condenan para siempre y siguen estando encerrados”, afirmó al cuestionar el beneficio otorgado a los agentes. Además, lamentó la falta de reparación histórica e institucional para su comunidad, concluyendo que “como mapuche no tenemos justicia, no hemos tenido justicia en nada, más por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel”.

La referente familiar recordó la figura de su sobrino: “Era un joven que no hacía mal a nadie, que no tenía causa, solamente quería vivir como mapuche y salir de la contaminación que hay en la ciudad”. Explicó que Rafael había estudiado y trabajaba como herrero en Bariloche, buscando cambiar su historia de vida.

Asimismo, responsabilizó a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber enviado a las fuerzas a la montaña, expresando que “estos que lo asesinaron por la espalda caminan libres y mi sobrino ya no”. Además, consideró que la morigeración de los castigos constituye un mensaje de aliento al "gatillo fácil" contra las comunidades indígenas.

"Nadie irá preso"

El aspecto jurídico de la resolución fue detallado por Rubén Marigo, abogado querellante en representación de la familia de la víctima, quien también dialogó con ANB. La sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, modificó el fallo emitido en febrero de 2026 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca, al conceder la prisión de ejecución condicional a los cinco imputados y suprimir las sanciones de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Con esta reestructuración, Sergio Guillermo Cavia —autor del disparo mortal— pasó de 5 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación a 3 años de prisión en suspenso sin inhabilitación. En tanto, los otros cuatro prefectos imputados como partícipes necesarios (Juan Ramón Obregón, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García) vieron reducidas sus penas efectivas de 4 años y medio a condenas condicionales de entre 2 años y 2 años y 6 meses, revocándoseles también sus inhabilitaciones de 7 años. Los magistrados fundamentaron la eximición de la cárcel efectiva en la falta de antecedentes penales, las condiciones personales de los agentes y su inexperiencia en enfrentamientos armados.

Marigo definió el dictamen como “un fallo netamente político más allá de lo jurídico”y un “retroceso en materia de derechos humanos”. Marigo remarcó la gravedad de haber retirado las inhabilitaciones a efectivos adiestrados que ejecutaron más de 130 disparos en el procedimiento, e hizo hincapié en la consecuencia práctica de la medida al advertir que los acusados “nunca han estado detenidos... y no lo van a estar con esta pena”. Ante este escenario, la querella confirmó que analiza presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa

El hecho investigado ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en una ladera de montaña situada en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, durante un patrullaje de la Prefectura Naval Argentina en el marco de un conflicto territorial con la comunidad Lafken Winkul Mapu. Durante el operativo, los efectivos de la fuerza realizaron al menos 130 disparos utilizando pistolas calibre 9 milímetros y un fusil MP5. En esas circunstancias, Rafael Nahuel, de 22 años, falleció tras recibir un impacto de bala por la espalda ejecutado con el arma reglamentaria atribuida a Sergio Cavia.

La causa judicial se extendió durante más de nueve años bajo la calificación legal de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.