Malvinas: El Gobierno envió al Congreso el proyecto para encarcelar hasta por 20 años a quienes exploten recursos sin autorización en las islas

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo. El texto establece un drástico aumento en las penas para quienes exploren o exploten recursos naturales renovables y no renovables en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin la correspondiente autorización del Estado argentino.

Esta medida representa la continuidad del operativo activado tras registrarse un avance significativo en las actividades de Sea Lion, una plataforma petrolera operada por empresas extranjeras a más de 200 kilómetros de los archipiélagos sin habilitación oficial.

Con la intención de ampliar el ámbito punible a todo tipo de recursos en la zona bajo disputa, la norma deroga la Ley N° 26.659 de 2011, la cual limitaba las sanciones únicamente a la actividad de hidrocarburos. Entre las escalas penales propuestas, la exploración o explotación no autorizada de recursos no renovables contempla penas de entre 12 y 20 años de prisión.

En los casos en que la actividad involucre específicamente la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la sanción sube a un rango de 15 a 20 años de cárcel, junto con multas que pueden alcanzar los 3 millones de barriles de petróleo equivalentes. Por su parte, los proveedores de bienes o servicios esenciales que participen con conocimiento del destino ilícito de su aporte recibirán entre 5 y 7 años de prisión, mientras que las multas para las compañías rondarán entre 4.000 y 500.000 barriles.

El esquema punitivo se complementa con sanciones administrativas que contemplan inhabilitaciones de 5 a 20 años para ejercer actividades económicas, suspensiones de hasta 30 años, revocación de habilitaciones y pérdida de beneficios fiscales.

Asimismo, la iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización que permite a las firmas abandonar la actividad irregular mediante el pago de una multa, atenuando el carácter estrictamente punitivo de la ley. En el plano financiero e impositivo, el proyecto reforma la Ley de Defensa Nacional, habilita restricciones cambiarias y el bloqueo de fondos, e impone aranceles de hasta un 75% como herramienta de sanción económica.

En materia de seguridad e instituciones, la propuesta crea un Sistema de Seguridad Nacional estructurado en torno a un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Javier Milei e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria Legal y Técnica. Este organismo definirá infraestructuras críticas y establecerá protocolos ante aeronaves y buques considerados hostiles, contemplando respuestas desde advertencias hasta medidas excepcionales bajo autorización presidencial expresa. Adicionalmente, el texto prohíbe el financiamiento electoral proveniente del exterior y otorga rango legal al Registro RePET para identificar entidades vinculadas al terrorismo.

El proyecto inicia su tratamiento en la Cámara de Diputados dentro de un debate parlamentario marcado por temas como el Presupuesto y la Reforma Política, en medio de un calendario que se ajusta ante la cercanía del periodo preelectoral.