Tres detenidos por la toma de un predio de casi ocho hectáreas en el oeste de Neuquén

La ocupación de un amplio terreno del oeste de Neuquén derivó en un nuevo avance judicial: tres personas fueron detenidas y quedaron bajo investigación por su presunta participación en la toma. La medida se produjo después de varios allanamientos y mientras continúa el conflicto entre quienes permanecen en el lugar, el propietario de las tierras y el Estado provincial.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Narváez, quien dispuso la detención de dos mujeres y un hombre. Los tres son señalados como parte del grupo que ingresó al predio y comenzó a instalarse en las tierras ubicadas en el sector de calle Pedro Genco al 6500.

Los arrestos se produjeron durante la tarde del miércoles. Para llegar hasta los sospechosos, la Policía realizó tres procedimientos en distintos puntos de la ciudad.

Allanamientos en tres barrios

Los operativos estuvieron a cargo del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial y fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

Los investigadores llegaron hasta domicilios de los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural. En las viviendas encontraron y secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que ahora deberá ser analizada.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes informáticos. La intención de los investigadores es determinar si contienen información relacionada con la organización de la toma y establecer cuál habría sido el papel de las personas detenidas.

Por el momento, los tres permanecen alojados en una dependencia policial. El próximo paso será una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal buscará acusarlos formalmente por usurpación.

La Justicia deberá definir entonces si existen elementos suficientes para sostener la acusación y cuál fue la participación concreta que tuvo cada uno.

La Policía permanece en el lugar.

Una toma que comenzó con unas 100 personas

Para entender el origen de la causa, hay que retroceder poco más de una semana. Durante la noche del 18 de agosto, un grupo numeroso ingresó al terreno ubicado en el oeste neuquino. La denuncia señala que fueron aproximadamente 100 personas y que varias llegaron con carpas para instalarse.

El movimiento tomó por sorpresa al propietario de las tierras, quien acudió a la Justicia para denunciar la ocupación. Pero el conflicto rápidamente dejó de ser solamente una disputa entre un particular y quienes ingresaron al predio. El lugar también estaba relacionado con un proyecto habitacional del Gobierno de Neuquén.

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) se presentó en la causa y planteó que las tierras estaban vinculadas patrimonialmente al organismo a partir de un acuerdo celebrado con el propietario.

Ese vínculo es clave para entender por qué el conflicto adquirió una dimensión mayor: sobre esas casi ocho hectáreas se había planificado un importante desarrollo habitacional.

El proyecto que quedó en medio del conflicto

Antes de la ocupación, el sector tenía otro destino. El proyecto contemplaba la construcción de 240 viviendas y 10 dúplex, dentro de una planificación vinculada al Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat, conocido como Ruprovi.

La ocupación puso en tensión ese proyecto y generó una fuerte respuesta del Gobierno provincial. Desde la Provincia remarcaron que no todas las personas que se encuentran actualmente en el predio reúnen las condiciones para acceder a una vivienda a través del Ruprovi.

Uno de los requisitos mencionados es acreditar al menos cinco años de residencia en Neuquén. Según las autoridades, gran parte de quienes ingresaron al terreno no cumpliría con esa condición, por lo que no podrían incorporarse al programa habitacional por esa vía.

La Policía controla los ingresos

Mientras avanza la causa penal, el predio permanece rodeado por un operativo de custodia. La Policía controla quién entra y quién sale y evita que se incorporen nuevas personas. También se restringe el ingreso de elementos destinados a sostener la permanencia en el lugar, entre ellos leña y alimentos.

La instrucción transmitida por la fiscalía es contundente: quien abandona el predio no puede regresar.

El control se mantiene luego de que quedara frenado, al menos por el momento, el desalojo total que había sido autorizado inicialmente por el juez Juan Manuel Kees. La medida judicial contemplaba un plazo de 48 horas para concretar el desalojo, pero finalmente quedó en suspenso, por lo que la situación continúa siendo monitoreada por las autoridades.

Qué dicen quienes ocuparon las tierras

Del otro lado del conflicto, los ocupantes sostienen que la toma responde a una necesidad habitacional y económica.

Las familias, parejas y personas que permanecen en el lugar aseguran que llegaron porque no pueden afrontar los valores actuales de los alquileres y que buscan una posibilidad para acceder a un terreno.

También rechazaron las versiones que señalaban la presencia de ciudadanos extranjeros. Según expresaron, quienes participan de la ocupación son vecinos de Neuquén y muchos tienen una larga historia de residencia en la ciudad.

Además, cuestionaron el operativo policial y reclamaron asistencia para quienes permanecen en el predio.

La situación requirió incluso la intervención de organismos vinculados a la protección de derechos, debido a la presencia de familias y niños en el lugar.

Una convocatoria que ahora forma parte de la investigación

Otro de los puntos que analiza la Justicia es cómo se organizó el ingreso al terreno.

En la causa se mencionó una convocatoria difundida previamente mediante redes sociales con la consigna “todos por un terreno”. Según las denuncias, en esos mensajes se invitaba a otras personas a acercarse y llevar agua y comida para poder sostener la permanencia en el predio.

Ese antecedente es ahora parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Narváez y podría ser uno de los elementos analizados a partir de los teléfonos y computadoras secuestrados durante los allanamientos.

Por ahora, el conflicto sigue abierto. Tres personas fueron detenidas, la investigación por usurpación avanza y el predio continúa bajo custodia policial. En paralelo, las familias que permanecen allí sostienen su reclamo habitacional, mientras el proyecto estatal de 240 viviendas y 10 dúplex permanece en el centro de una disputa que todavía no tiene una resolución definitiva.