La iglesia pidió desalojar a una mujer que vivía hace más de 20 años en una casa de Cipolletti, pero la Justicia falló a su favor

Una mujer y sus hijas podrán continuar viviendo en la casa del barrio Pichi Nahuel de Cipolletti que habitan desde hace más de dos décadas, luego de que la Justicia rechazara el pedido de desalojo presentado por una iglesia que aseguró ser la propietaria del inmueble.

El conflicto llegó a los tribunales después de que la organización religiosa reclamara la restitución de la vivienda y sostuviera que la había entregado en préstamo verbal. Sin embargo, durante el proceso no logró demostrar que contara con un título de propiedad que acreditara su condición de dueña ni pudo aportar documentación que respaldara el supuesto acuerdo con la familia.

La causa fue analizada en primera instancia por el Juzgado Civil N° 9 de Cipolletti y luego por la Cámara de Apelaciones. En ambas instancias, la mujer obtuvo resoluciones favorables.

Una casa habitada desde 2004

La mujer ocupa la vivienda junto a sus hijas desde 2004. Durante todos estos años, además de permanecer de manera continua en el lugar, realizó mejoras en la propiedad y afrontó el pago de impuestos, elementos que fueron incorporados al expediente para demostrar el ejercicio de la posesión durante más de 20 años.

Su defensa estuvo a cargo del defensor público Matías Vidovic, quien cuestionó desde el inicio la legitimidad de la iglesia para reclamar el desalojo. El planteo central fue que la entidad no había demostrado ser titular del inmueble ni contaba con documentación suficiente para exigir la restitución.

El juez Mauro Marinucci coincidió con esos argumentos y rechazó la demanda. Al revisar la documentación presentada por la iglesia, constató que no había una escritura pública ni un título definitivo que acreditara la propiedad.

La organización religiosa solo había presentado certificaciones notariales incompletas correspondientes a las décadas de 1970 y 1980. Ese material no fue considerado suficiente para demostrar que el inmueble le perteneciera.

Además, informes municipales incorporados a la causa indicaron que el terreno figuraba registrado a nombre de terceros. Tampoco aparecieron pruebas que permitieran confirmar que la mujer y sus hijas hubieran recibido la vivienda mediante el supuesto préstamo verbal mencionado por la iglesia.

El paso siguiente: poner la casa a su nombre

El fallo permitió que la mujer avanzara con un trámite que podía transformar su situación habitacional. Con la resolución judicial a su favor, inició el proceso de regularización dominial mediante la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, y la Ley Provincial 3396.

El mecanismo permite regularizar determinadas situaciones de ocupación de viviendas cuando se cumplen los requisitos establecidos por la legislación. En este caso, la familia pudo avanzar con ese procedimiento después de acreditar una permanencia prolongada en el inmueble y la posesión ejercida durante años.

Pero el conflicto no terminó con el primer fallo.

La iglesia intentó judicialmente dejar sin efecto la escritura que la mujer había obtenido durante el proceso de regularización. El planteo fue llevado ante la Cámara de Apelaciones, que finalmente volvió a darle la razón a la ocupante.

La Cámara también falló a favor de la familia

El tribunal de segunda instancia desestimó el reclamo de la entidad religiosa, revocó una medida que había sido adoptada anteriormente y dejó firme la titularidad obtenida por la mujer.

Entre los argumentos centrales, los jueces remarcaron que la iglesia no había logrado demostrar que fuera la propietaria del inmueble. También señalaron que la organización no había presentado una oposición dentro de los plazos correspondientes durante el procedimiento administrativo de regularización.

De esta manera, la Justicia terminó respaldando el trámite mediante el cual la familia pudo avanzar hacia la titularidad legal de la vivienda que ocupa desde hace más de 20 años.

Además, la entidad religiosa deberá afrontar las costas correspondientes a las dos instancias judiciales.

El caso puso en discusión un reclamo de desalojo basado en una supuesta titularidad que no pudo ser acreditada con la documentación necesaria. Para la familia, en cambio, el recorrido judicial terminó permitiéndole consolidar legalmente una situación que se había extendido durante más de dos décadas.

La intervención de la Defensa Pública fue clave para cuestionar el pedido de la iglesia y aportar los elementos vinculados con la permanencia de la mujer y sus hijas en la vivienda, las mejoras realizadas y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el inmueble.

Dónde pedir asistencia de la Defensa Pública en Cipolletti

Las personas que necesiten asesoramiento o asistencia de la Defensa Pública pueden acercarse al Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep), ubicado en el primer piso de Roca y Sarmiento, en Cipolletti.

La atención presencial se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. También existe la posibilidad de realizar consultas por WhatsApp al 2996 31-1684.

En el caso de esta familia, la intervención de la Defensa Pública permitió frenar un pedido de desalojo y sostener judicialmente una posesión que se había extendido durante más de 20 años, hasta alcanzar finalmente el reconocimiento legal de la vivienda.