Comenzó el juicio contra María Eugenia Martini por la causa Techo Digno

Pasaron casi cinco años desde que se formularon cargos contra la exintendenta María Eugenia Martini y el exfuncionario Alfredo Milano, en el marco de la causa Techo Digno, hasta que este jueves 12 de marzo finalmente empezó el juicio. En el medio, hubo una reformulación de cargos, absoluciones e investigaciones paralelas que se desprendieron de una causa por defraudación a la administración pública y peculado. 

Este jueves, la exjefa comunal llegó a Tribunales acompañada de varios exfuncionarios de su gestión, que llegaron en muestra de apoyo. Además, también estuvieron los concejales Roxana Ferreyra y Leandro Costa Brutten y la senadora Ana Marks.

En el recinto también estuvo presente, acompañando a Alfredo Milano, el exintendente Gustavo Gennuso, quien también estuvo vinculado a la causa por presunto peculado, pero en noviembre de 2025 fue absuelto. Este jueves, además, el Tribunal de Impugnación confirmó la absolución luego de que la Fiscalía presentara un recurso contra la decisión judicial. 

Martini llegó acompañada de exfuncionarios de su gestión. Foto: Marcelo Martínez.

En la apertura del juicio, el fiscal Martín Lozada indicó que Martini llega a este juicio acusada por el desvío de fondos destinados a la construcción de más de 800 viviendas del programa Techo Digno. “La Nación y el municipio firmaron dos acuerdos, uno en 2013 y otro en 2015, para la construcción de viviendas en la ciudad”, relató.

En este sentido, agregó que la por entonces intendenta, junto a Alfredo Milano, quien era el secretario de Obras Públicas durante su gestión, “certificaron por más, mucho más, y pusieron en marcha el circuito administrativo que permitió pagar de más a las empresas, con perjuicio al patrimonio municipal”.

Hubo también dos empresarios vinculados a la causa, aunque uno fue absuelto por problemas graves de salud que le impedían afrontar el juicio, mientras que Juan Castelli, de la firma Oriente, ofreció la construcción de un SUM para un barrio de Bariloche como compensación por las obras no realizadas para acceder a la suspensión de juicio a prueba.

En 2021, una investigación llevada a cabo por la Fiscalía motivada por una denuncia del exintendente Gustavo Gennuso, realizada en 2015, determinó que tras distintas maniobras que habrían realizado los acusados, las empresas obtuvieron dinero por viviendas que no se ejecutaron.

La fiscalía brindó detalles de la causa durante más de dos horas. Foto: Marcelo Martínez.

En Bariloche, la por entonces intendenta, firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, a fines del año 2013 a través del cual se comprometía la construcción de 376 viviendas en una etapa y 495 después, obras que fueron licitadas y adjudicadas por las empresas Oriente y Alusa.

Martini, en su calidad de intendenta, debía desembolsar mensualmente montos de dinero que dependían del avance de las obras por parte de las firmas constructoras. Desde Nación, se transfirieron 117 millones de pesos para tal fin, lo que representaba casi la totalidad del financiamiento. Entre abril 2014 y julio de 2015, la Municipalidad recibió $117.657.876 destinados a la construcción de la primera etapa de las viviendas. Tal suma representó el 98% del total”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal, entre el 3 de septiembre de 2014 y el 3 de julio de 2015, Martini le pagó a Alusa más de 23 millones de pesos, suma que equivalía al 78% de obra del monto total del contrato.

Alfredo Milano, contratado como inspector de obra por el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y  el ingeniero Alberto Usandizaga, tenían a su cargo certificar los avances de las obras para que concretamente, se depositara el dinero correspondiente a los trabajos realizados.

Alfredo Milano fue funcionario durante la gestión de Martini. Foto: Marcelo Martínez.

Según la acusación de la Fiscalía, Martini, valiéndose de los certificados que daban cuenta de un avance mayor al real, le dio un “beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lucro indebido”. Esta maniobra, de acuerdo a la acusación, se repitió en las licitaciones de otras partidas de vivienda del mismo programa.

(Noticia en desarrollo)