Carta
Causa Techo Digno: acusados apuntan contra el Ministerio Público Fiscal
La causa Techo Digno, que desde hace años avanza muy lentamente contra exintendentes y funcionarios de distintos municipios de Río Negro, suma ahora otro capítulo con la declaración unánime que hicieron los involucrados, en la que apuntan contra el Ministerio Público Fiscal.
La investigación, que lleva varios años, apunta a demostrar que hubo desvíos de fondos correspondientes al programa habitacional Techo Digno, mediante el cual se suponía la construcción de más de 800 viviendas en Bariloche.
La causa tiene implicados a exintendentes y funcionarios de distintas localidades rionegrinas. En Bariloche, los acusados son la exintendenta María Eugenia Martini, el exintendente Gustavo Gennuso, el exfuncionario municipal Alfredo Milano y el empresario Juan Castelli, de Oriente Construcciones.
En distintas audiencias, los abogados defensores de los exjefes comunales involucrados, apuntaron a la falta de pruebas sobre la acusación y sobre la existencia puntual del delito. Esto se repitió en la última audiencia de control de acusación, por parte del abogado representante de María Eugenia Martini, aunque no fue aceptado el planteo por parte del juez Marcelo Álvarez Melinger.
Ahora, en un comunicado conjunto elaborado por los involucrados que pertenecen a distintos sellos políticos, apuntaron contra el Ministerio Público Fiscal y aseguraron que la causa está “fundada en acusaciones sin sustancia alguna de verdad”.
Los involucrados remarcaron que siempre estuvieron a disposición de la investigación y no opusieron impedimento alguno, esperando que haya “un trabajo objetivo”, pero “a cambio, hemos recibido solo muestras de parcialidad y la inapelable sensación de qué intenciones no manifiestas y ajenas empujan las acciones del Ministerio Público Fiscal”.
Para los funcionarios y exintendentes, la causa Techo Digno, no solo “no tiene razón de ser” sino que, además, “nunca debió haber iniciado, y que ha injuriado a un punto sin retorno nuestra imagen, la confianza a la que nos toca corresponder, nuestro honor personal, nuestra salud”.
En su carta, aseguraron que “Río Negro fue la única provincia que entregó el 100% de las obras” y consideraron que el Poder Judicial no contempla el contexto socioeconómico que atravesaba el país cuando comenzó el programa, allá por 2015.
“Han transcurrido años sin que se haya podido determinar delito alguno. La tardanza a estas alturas parece ser ya un fin lastimoso y corrosivo en sí mismo”,
“Es claro que diez años de una causa persiguen otro objetivo. Diez años de una causa es abuso de las normas procesales. No es Estado de derecho. No es justicia. Diez años de una causa es capricho, es condena y es castigo”, sostuvieron.
Firmaron el documento Daniel Belloso (Legislador Provincial y exintendente de Choele Choel - Partido Justicialista), María Alejandra Mas (Parlamentaria del PARLASUR y ex Intendenta de General Conesa- Partido Justicialista) Claudia Montanaro (Intendenta de Cervantes - Partido Justicialista), Gustavo Gennuso (Exintendente de Bariloche – Partido Juntos Somos Río Negro), Gustavo San Román (Legislador provincial y exintendente de Río Colorado – Partido Juntos Somos Río Negro), Luis Ivancich (Legislador Provincial y exintendente de General Enrique Godoy – Partido Justicialista), María Eugenia Martini
Exintendenta de Bariloche – Partido Justicialista), Carlos Pilotti (Exintendente de Río Colorado – Partido Justicialista), Renzo Tamburrini (Exintendente de Sierra Grande – Partido Justicialista), Gilberto Montanaro (Exintendente de Cervantes – Partido Justicialista)