Causa Techo Digno: reformularon cargos contra Martini y también imputaron a Milano

La causa por las viviendas de Techo Digno sumó un nuevo capítulo con la ampliación de cargos contra la exintendenta María Eugenia Martini,y a los empresarios de la construcción Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y Alberto Usandizaga de Alusa. Además, en la audiencia realizada este martes, se imputó también a Alfredo Milano.

Martini, Usandizaga y Castelli fueron acusados por fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta, y se sumó contra la exintendenta, la ampliación de cargos por peculado.

Milano, ex funcionario durante la gestión de Martini y actual subsecretario de la Unidad Ejecutora de Obra Pública, también fue acusado por fraude en perjuicio de la Administración Pública y Administración Fraudulenta como partícipe necesario.

En 2021, una investigación llevada a cabo por la Fiscalía motivada por una denuncia del actual intendente Gustavo Gennuso, realizada en 2015, determinó que tras distintas maniobras que habrían realizado los acusados, las empresas obtuvieron dinero por viviendas que no se ejecutaron.

De acuerdo a lo explicado por el Fiscal Martín Lozada, los hechos por los que se los acusan están relacionados con el programa nacional “Techo Digno”, a través del cual, se financió la construcción de viviendas en distintos puntos del país.

En Bariloche, la por entonces intendenta, firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, a fines del año 2013 a través del cual se comprometía la construcción de 376 viviendas en una etapa y 495 después, obras que fueron licitadas y adjudicadas por las empresas Oriente y Alusa.

En 2013 se firmó el convenio para la construcción de 376 viviendas en una primera etapa y 495 en la segunda. Foto: archivo Marcelo Martínez.

Martini, en su calidad de intendenta, debía desembolsar mensualmente montos de dinero que dependían del avance de las obras por parte de las firmas constructoras. Desde Nación, se transfirieron 117 millones de pesos para tal fin, lo que representaba casi la totalidad del financiamiento.

Entre abril 2014 y julio de 2015, la Municipalidad recibió $117.657.876 destinados a la construcción de la primera etapa de las viviendas. Tal suma representó el 98% del total referido (suma que superaba los 119 millones de pesos)”, detalló el fiscal Martín Lozada.

Además, entre las partes se fijó un plazo de 24 meses para la concreción de las obras y “del licitado convenio surgen una serie de obligaciones para Martini. En primer término, debería respetar la documentación y especificaciones técnicas”, indicó el fiscal Martín Lozada.

Además, la por entonces intendenta, tenía que pagar parte del total, contra certificación del avance de las obras.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal, entre el 3 de septiembre de 2014 y el 3 de julio de 2015, Martini le pagó a Alusa más de 23 millones de pesos, suma que equivalía al 78% de obra del monto total del contrato.

Alfredo Milano, contratado como inspector de obra por el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y  el ingeniero Alberto Usandizaga, tenían a su cargo certificar los avances de las obras para que concretamente, se depositara el dinero correspondiente a los trabajos realizados.

Según la acusación de la Fiscalía, Martini, valiéndose de los certificados que daban cuenta de un avance mayor al real, le dio un “beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lucro indebido”.

Esta maniobra, de acuerdo a la acusación, se repitió en las licitaciones de otras partidas de vivienda del mismo programa.

En la audiencia que se extendió por casi cinco horas, la Fiscalía detalló cada una de las acusaciones, con los montos de dinero que se destinaron a obras que no tenían el grado de avance requerido.

Por esto, ampliaron la formulación de cargos contra María Eugenia Martini quien ya había sido imputada en 2021.

Por otro lado, también reformularon cargos contra Castelli y Uzandizaga mientras que a Milano le formularon cargos por primera vez.

Según Lozada, “ambos ingenieros (Milano y Usandizaga) hicieron las certificaciones a sabiendas que no se ajustaban al estado real de las obras. Sostenemos que Milano se desempeñó como inspector de obra municipal y se le encomendó que verificase la correcta aplicación de las reglas del arte constructivo”, pero para la Fiscalía, Milano “sabía que era un exceso” lo certificado.

Castelli, por su parte, era el encargado de visar los certificados emitidos por los ingenieros, acción que para los fiscales Lozada y Guillermo Lista, realizó “a sabiendas” de que no eran fieles al verdadero avance de obra.

Fue en abril de 2016 cuando inspectores del IPPV recorrieron las obras y determinaron que no presentaban el avance que las certificaciones firmadas por Milano y Uzandizaga planteaban.

Para la Fiscalía, la exintendenta “no podía desconocer” que la construcción de las viviendas no presentaba tal avance y aún así, desembolsó el dinero a las firmas. En base a esto, Martini “generó un perjuicio patrimonial al erario público municipal y produjo un beneficio patrimonial a las empresas”, sostuvo Lozada.

Por esto, solicitaron al juez Ricardo Calcagno, que se tengan por reformulados los cargos contra Martini, Castelli y Usandizaga y formulados contra Milano.

Pese a que los abogados defensores, Sebastián Arrondo, Carlos Aiassa, Juan Pablo Álvarez Guerrero y Diego Pedriel se opusieron a la formulación de cargos, el juez hizo lugar a lo planteado por la Fiscalía y determinó un plazo de investigación de cuatro meses. 

Las palabras de la exintendenta

La exintendenta María Eugenia Martini habló tras la acusación de la Fiscalía y sostuvo que “nunca jamás, ni en este ni ningún caso, usé fondos públicos en mi propio beneficio o en beneficio de empresas”.

“Hace ocho años de esta causa, mientras tanto una vez más aquí sentada repaso una y otra vez los hechos en relación al programa Techo Digno y no encuentro nada que no esté ceñido a lo que la ley manda”, consideró Martini.

Además, se refirió al daño personal que atraviesa producto de la acusación y de la “siniestra burocracia” y cómo afectó esto a su familia. En su alocución, reafirmó su inocencia “sabiendo que poco puede hacer la verdad”, remarcó.

“Se me atribuyen conocimientos profesionales y técnicos, pero soy licenciada en Trabajo Social. Se me atribuyen actividades delictivas sin probanza. No hay sola prueba directa”, sostuvo la ex intendenta en la audiencia realizada a través de Zoom.

Martini manifestó que “Río Negro es la única provincia donde se fuerzan estos procesos contra el Frente para la Victoria. Deberían sentir vergüenza, es una puesta en escena” y agregó que su acusación es un intento de “disciplinar mediante el escarnio público”.

“Podrán escribir ríos de tintas en los diarios, podrán engrosar los expedientes pero nunca podrán hacer que abandone la lucha”, finalizó. (ANB)