Los gremios, en contra de la declaración jurada para circular
A través del Decreto 359/2020 se estableció que todos los trabajadores y empleadores incluidos en las actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio deberán declarar bajo juramento que no han presentado síntomas de COVID-19 y que han cumplido todos los protocolos sanitarios correspondientes.
La determinación fue tomada por la gobernadora, Arabela Carreras, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de todas las medidas y en resguardo de la salud de toda la comunidad. La medida será obligatoria y requisito indispensable para poder seguir trabajando.
Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Bariloche manifestaron el rechazo a lo que indica el Decreto y sugirieron a los trabajadores “no firmar la declaración jurada que nos imponen”.
Según ATE, “el gobierno pretende que renunciemos a nuestros derechos y nos hagamos responsables civil y penalmente, en caso de contraer COVID19”.
“Esta declaración jurada nos obliga a faltar a la verdad, ya que nadie puede afirmar que no ha estado expuesto a riesgo, más cuando las condiciones de protección laboral contra el coronavirus no han estado garantizadas en muchos casos”, apuntaron desde la gremial.
En este contexto, solicitaron “capacitación e información sobre los protocolos de actuación en caso de sospecha de contagio”.
También, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) instó a que “los trabajadores no firmen esa declaración jurada que nos obliga a hacernos cargo de algo que es imposible de asumir”.
“No está toda la población testeada y en consecuencia no podemos declarar bajo juramento y hacernos responsables civil y penalmente de haber estado o no con personas contagiadas”, expresaron desde UPCN.
Así, piden a la gobernadora Arabela Carreras “la urgente derogación de dicho decreto y el cese de solicitudes a los trabajadores, instándolos en algunos casos y obligándolos en otros, a firmar la declaración jurada”.
“La normativa desliga al Estado de su responsabilidad como empleador y de los problemas derivados del riesgo al que se exponen los agentes”, concluyeron desde la gremial del Personal civil. (ANB)