Municipio pagó 100 mil pesos por sueldos de la interventora de Tres de Mayo

La Justicia dispuso que el Municipio asuma el pago los haberes de la interventora judicial de la empresa Tres de Mayo, Susana María Ballesty. La definición sobre la responsabilidad de cancelación de ese compromiso es otro de los puntos de discusión en Tribunales entre el Ejecutivo y la empresa intervenida. Hasta tanto se defina la situación, el Gobierno municipal emitió dos resoluciones para pagar los haberes de cinco meses -de agosto a diciembre de 2014-, por un total de 100 mil pesos, a razón de 20 mil pesos por mes.

Los honorarios fueron regulados en el marco de la causa de "concurso preventivo" iniciada contra la empresa de transporte, y mediante una sentencia -que data del octubre de 2014- se impuso al Municipio la obligación de afrontar el pago.

En rigor, la intervención dispuesta por el Juez interviniente se ordenó en el marco del concurso preventivo y como consecuencia de las supuestas irregularidades de la administración de la empresa Tres de Mayo, denunciadas por el Municipio. "Circunstancia que conlleva inexorablemente a que los emolumentos de la interventora se encuentren a cargo de la concursada (Tres de Mayo)", figura en una Resolución del Ejecutivo. "A pesar de ello, al resolver sobre el pedido de honorarios de la Interventora Judicial, el Juez interviniente, Cristian Tau Anzoategui, dispuso que deberán ser abonados por la Municipalidad", y "en el término de diez días, bajo apercibimiento de ejecución". Eso "sin perjuicio del derecho a repetición a lo que en definitiva se disponga en materia de costas", se detalla en el escrito.

Ante esa situación, oportunamente, el Ejecutivo apeló la resolución judicial que lo obligaba a sumir el pago de honorarios, y todavía esa presentación no tuvo respuesta. Se estima que esa instancia procesal insumirá un plazo no menor a 90 días. Mientras tanto, "la obligación de pago del Municipio se encuentra suspendida", se indicó en la Resolución del Gobierno.

Pero, "debido a que la interventora judicial designada no ha percibido honorarios que retribuyan la ardua tarea que asumió a mediados del mes de julio del año en curso y desarrolla", y a que "su desempeño resultó fundamental e imprescindible a efectos del mantenimiento y continuidad de la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros", el Ejecutivo definió acatar la disposición judicial.

A esa lectura del Gobierno, se suma el hecho de que la interventora "en reiteradas oportunidades manifestó su imposibilidad de continuar con las tareas asumidas sin percibir sus honorarios", y expuso que "presentaría su renuncia formal al cargo asumido si tal situación no se regulariza".

También se destacó que el "desempeño" de la interventora Judicial "fue útil y esencial a efectos de garantizar la continuidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros hasta el 31 de diciembre 2014".

Con todo lo expuesto, "la situación descripta colocó al Municipio en el deber de asumir el pago de los honorarios de la interventora, pese a que claramente debieran imponerse a cargo de la empresa concursada". Sin embargo, la firma "no hará efectivo su pago hasta tanto no exista una resolución judicial que así lo disponga", dedujo el Gobierno.

En consecuencia, y por la "obligación que se impone al Estado Municipal de garantizar la prestación del servicio público", finalmente se autorizó el pago de los honorarios regulados, correspondientes a los períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014.

No obstante, la comuna avanzará haciéndole saber al Juez interviniente que abonará los honorarios correspondientes, "con expresa reserva de solicitar su oportuno reintegro a la empresa concursada", de acuerdo a lo sugerido en un dictamen, emitido por el Asesor Letrado del Municipio, Ricardo Medrano. (ANB)