Justicia ordenó el desalojo del Puerto San Carlos
Luego de un extenso proceso administrativo y judicial que llevó más de un año, la Justicia ordenó el desalojo del Puerto San Carlos, lo cual implica la recuperación por parte del Estado local del estratégico lugar.
En las últimas horas la Municipalidad fue notificada del fallo de la Cámara Civil de Apelaciones que reconoció la potestad estatal para definir, en función de los incumplimientos en los que incurrió el concesionario, el desalojo de las instalaciones.
La noticia fue anticipada por el concejal del Frente para la Victoria, Alejandro Ramos Mejía, al programa "En estos días" (XRadio 101.7 del dial), quien calificó como "un hecho histórico" lo sucedido. "Ratifica la potestad y el poder del Estado ante los incumplimientos de un privado", detalló, y también habló de "un triunfo de la política", teniendo en cuenta que la gestión de la Intendenta María Eugenia Martini convirtió el tema es un caso emblemático de la relación público-privado en la cuidad. De hecho, en abril de 2013, siendo jefa comunal interina, Martini anunció la intención de recuperar el Puerto "para el uso y disfrute de todos los barilochenses".
La defensa de los intereses municipales en la acción judicial iniciada por Emprendimientos, fue asumida por el ex Asesora Letrada del Ejecutivo, María Marta Peralta, quien hizo de la cuestión un prioridad de la gestión.
Ramos Mejía recordó que el municipio solicitó el desalojo en el marco de una Ley Provincial que establece tiempos acortados para el caso de acciones iniciados por el Estado para la recuperación de inmuebles. En ese sentido apeló a la "responsabilidad" de los empresarios, de quienes, dijo, espera "un gesto de grandeza" y acepten la orden de la Cámara.
Sin embargo, desde el Centro Cívico se analiza como previsible que Emprendimientos apelará la decisión, lo cual llevará el tema a la órbita del Superior Tribunal de Justicia.
Emprendimientos Bariloche no sólo no cumplió con las obras requeridas por el municipio, sino que acumulaba una deuda de 2,5 millones de pesos por la falta de pago del canon correspondiente.
Ramos Mejía, en diálogo con el programa radial mencionado, interpretó que se abre ahora una instancia de debate en la cual el municipio deberá definir si asume el manejo integral del Puerto o vuelve a llamar a licitación para concesionarlo. En ese sentido, calificó como "cuasi extorsivos" los planteos de los empresarios que "anticipaban la realización de juicios millonarios contra el Estado". (ANB)