Traslado de represores a cárcel común
Uno de ellos es Juan Carlos De Marchi, hermano del recientemente fugado Gustavo De Marchi. Al igual que su hermano, Juan Carlos era capitán del área de Inteligencia del Ejército y en 2008 el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes lo condenó a 25 años de prisión por delitos cometidos cuando cumplía funciones en el campo de concentración que funcionaba en las instalaciones del Regimiento de Infantería 19 (R 19) de esa provincia.
También fueron trasladados Julio Rafael Barreiro y Horacio Losito, ambos coroneles, jefes de De Marchi en el R 19, y también condenados a 25 años por el TOF de Corrientes. Junto a ellos, fue Athos Renes, ex militar, que revistaba con el grado de mayor y que fue condenado a 25 años de prisión por el TOF de Resistencia por su participación en la Masacre de Margarita Belén.
El caso de Juan Carlos De Marchi es probablemente el más significativo. De Marchi, tras retirarse del Ejército durante la dictadura, presidió la Sociedad Rural de Corrientes y el TOF de Corrientes siempre pretendió que fuera trasladado de esa provincia. Aun a las instalaciones de la U34 que funciona en un predio militar y que tiene unas instalaciones diseñadas para el confort de los alojados. Como prueba de la sintonía con el ex dirigente ruralista, el tribunal le otorgó a De Marchi el beneficio de una salida de 10 días para visitar a la familia, "porque extrañaba a los suyos".
El lunes 29 de julio, Marta Ravasi de De Marchi, esposa de Gustavo y cuñada de Juan Carlos, fue de visita a la U34 en compañía de su hijo. Fue Marta Ravasi quien colaboró para que Gustavo De Marchi fuera al Hospital Militar con la excusa de recibir tratamiento y de allí poder escaparse. Ravasi es psicóloga y fue separada de su cargo en el Hospital Militar después de esa fuga. La presencia de Ravasi en Campo de Mayo fue un alerta más para que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tomaran la decisión de trasladar a siete de los 27 ex militares que aún quedaban en Campo de Mayo.
Otros dos de los trasladados fueron Oscar Lanzón y Néstor Savio, ambos integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA comandado por Jorge el Tigre Acosta. Lanzón pudo esperar el juicio en libertad con un curioso argumento. Tal como consignó Miradas al Sur en su edición del 15-7-10, el represor alegó ser alcohólico para lograr el arresto domiciliario, contemplado no sólo para mayores de 70 años sino también "para enfermos". Sin duda, la borrachera de Lanzón fue contemplada como un problema de salud por el juzgado.
El séptimo trasladado fue Vicente Meli, ex militar, condenado en diciembre de 2010 a cadena perpetua por el TOF 1 de Córdoba en el marco de los crímenes cometidos por miembros del Tercer Cuerpo de Ejército.
Cárcel común. La U34 se encuentra en el corazón de la mayor unidad del Ejército Argentino, un predio en el que funcionó uno de los mayores y más sanguinarios campos de concentración. Esa unidad penitenciaria fue montada sobre las instalaciones de un lugar de detención para miembros del Ejército condenados por los ya disueltos tribunales militares. Un convenio entre los ministerios de Defensa y de Justicia, durante el gobierno de Néstor Kirchner, sirvió como para que algunos de los jueces se avinieran a enviar a los condenados a una cárcel y evitar así las consabidas prisiones domiciliarias.
La atención médica y la comida de los detenidos en la U34 corren por cuenta del Ejército, la guardia propiamente dicha por parte del SPF. En la U34, por ejemplo, el ya fallecido Jorge Videla departió con un periodista español que entró al penal sin consignar que iba a realizar una entrevista para la revista Cambio 16. Hubo, por lo menos, negligencia de los penitenciarios que estaban a cargo. Siempre se supo que la presencia de los "verdes" (militares) inhibe a los "grises" (penitenciarios), quienes históricamente sintieron más la vocación militar en su formación profesional que la tarea propiamente de reeducación y vigilancia que les compete en una sociedad democrática.