Inflación y paritarias

Es más, desde hace muchísimo, en Comercio Interior solo están publicados los documentos relacionados con el monopolio de Clarín. Otro portal, el de Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila Pimpi Colombo, tiene como noticia central que esa subsecretaría montó una oficina móvil que "estará presente entre el 24 de enero y el 7 febrero en la Costa Atlántica para realizar una campaña de sensibilización, orientación, información y atención a los consumidores de todo el país que veranean en la costa bonaerense".

Que la Presidenta haya encarado el tema precios en el momento en que están tomando color las primeras reuniones para diálogos paritarios no es menor y debería llamar a la reflexión acerca de si los temas de la agenda cotidiana de las grandes mayorías populares en la Argentina no tienen sentimientos e identidades en conflicto. No parece suficiente hacer una lectura electoral donde seguramente se podrá coincidir en que a la oposición no se le cae una idea o una propuesta y que, además, buena parte del sindicalismo ahora enfrentado al Gobierno agita el tema de un piso de 25% de aumentos salariales para 2013 así como la actualización del piso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Es insuficiente porque en el tema precios y salarios, los dirigentes y funcionarios políticos saben bien que si los vientos cambian y el bolsillo se achica, el escenario es diferente. A principios de 2013, un año electoral, la realidad parece indicar que si no se deslindan aspectos de competencia electoral con aspectos de competencia distributiva se puede pagar un precio (valga la redundancia) más alto del conveniente. De modo que los dichos de la Presidenta también podrían servir para analizar, en un clima que parece de normalidad, más fríamente cuáles son los verdaderos niveles de incrementos de precios relativos en artículos de primera necesidad y cuánto influyen otros precios, como el transporte, el alquiler de la vivienda, las prestaciones médicas privadas o algunos otros rubros que para amplios sectores sociales de trabajadores y capas medias son de demanda inelástica. Es decir, gastos en rubros donde no se les puede hacer el vacío a los prestadores porque el mercado no ofrece alternativas y porque las prestaciones del Estado no alcanzan a ofrecer algo equivalente. En esta nómina, de forma deliberada, no está la educación porque la oferta de la educación pública es de la misma calidad o mejor que la privada. Es más, la legislación argentina en materia educativa es tan estricta que los contenidos ofrecidos por establecimientos privados están en la órbita pública. Por eso se habla de escuelas públicas de gestión privada. En cuanto a la atención sanitaria, pese a los controles públicos, el poderío de las empresas del sector les permite una gran manipulación de qué prestaciones están cubiertas por las cuotas de los afiliados y cuáles requieren los llamados copagos o incluso qué servicios o material médico no está cubierto. Por fuera de la medicina con cobertura sindical o privada, el sistema hospitalario argentino tiene una capacidad baja y eso pone a los consumidores en una situación donde no pueden elegir. Ni hablar de los alquileres, un tema básico en las grandes ciudades, con un régimen ultraliberal que permite a los propietarios y agentes inmobiliarios exigir, además de precios abusivos, que para entrar a una vivienda, además de garantías, es preciso pagar el equivalente de tres o cuatro veces el valor mensual, ya que al mes adelantado es preciso agregarle dos meses de comisión y uno de depósito.

Ir de compras. Salvo el Mercado Central, el (pequeño) Mercado Concentrador de José C. Paz y algunos mercaditos municipales que lograron perpetuarse en el tiempo, en las grandes urbes, las compras minoristas hogareñas se hacen en las grandes cadenas de supermercados, que están liderados por firmas extranjeras y que actúan con criterios cartelizados. Hace poco, el cierre de la cadena Eki, con sus 120 locales habilitados, no mereció una iniciativa para que el Estado favoreciera la participación de asociaciones de usuarios y consumidores. Al entrar en cesación de pagos, en junio del año pasado, la Justicia procedió de oficio y aceptó la oferta de Carrefour, lo cual fue saludado por las autoridades nacionales.

Hace ya seis años que en la Argentina hablar de precios al consumidor se volvió un laberinto borgeano. Es preciso saber que sectores opositores se valen de la crítica al Indec para intentar dañar al gobierno. Pero también debería recordarse que en el Ministerio de Economía hubo una iniciativa bastante razonable: convocar a las universidades públicas para tratar de elaborar un coeficiente nacional y evitar así un desgaste eterno. Sin embargo, la Secretaría de Comercio Interior y el Indec tomaron esa iniciativa como un intento de restarles protagonismo y credibilidad. De modo que del tema muchos prefieren no hablar para no ganarse críticas o entrar en conflicto con personas de mucha influencia en los círculos cercanos a la Presidenta. Cualquiera podría decir que hay un mito respecto de Guillermo Moreno, ya que ha sido demonizado por el Grupo Clarín por su consecuente militancia contra sus directivos y sus negocios.

Sin embargo, Héctor Polino, en agosto pasado, se vio ante una situación que, con espíritu indulgente, podría calificarse de apriete preventivo. Consumidores Libres, la ONG de Polino, fue retirada del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (bajo la órbita de Pimpi Colombo, que a su vez está en la órbita de Moreno) por difundir aumentos de precios. Podrá decirse que la ecuación de Consumidores Libres no es perfecta y que el Indec tiene un sistema avalado por decenas de profesionales y técnicos probados. Si es así, ¿por qué el Indec no suma a los especialistas de las universidades nacionales?

Paritarias. Mientras el espinoso asunto de saber si el tema precios es una rama frágil de la que se toman opositores o es una cuestión del bolsillo popular, cabe preguntarse si la asimilación de aumentos salariales en los últimos años guarda relación con los aumentos de precios reconocidos oficialmente. Para citar un solo año, el aumento reconocido por el Índice de Precios al Consumidor en 2012 fue de 10,8%, mientras que los acuerdos paritarios y de las asignaciones de programas sociales y jubilaciones fueron más del doble, estuvieron en el orden del 25%. Como en política la única verdad es la realidad, nadie puede decir que los ingresos populares durante el año pasado quedaron rezagados. Sin embargo, este 2013 arranca con muchas advertencias. La primera es que la dirigencia gremial no quiere cerrar paritarias sin una actualización de Ganancias. Para el Gobierno, que efectivamente mira lo que pasa en el mundo y necesita recaudar, no parece sencillo evitar esa actualización. Deberá buscar otras fuentes de ingresos. Pero, además, el tema precios está relacionado con varios aspectos, varios de ellos estructurales. En primer lugar, las cadenas de formación de valor están en circuitos oligopólicos y los precios están fijados para maximizar las ganancias. Días pasados, el ministro Julio De Vido frenó, en diálogo cordial con los tres prestadores centrales, un aumento de la telefonía celular. Eso indica que ganan muchísimo, y por eso pueden resignar los inmensos beneficios de que las tarifas fueran el 15% mayor.

La economía argentina está concentrada en menos manos en 2013 que en 2003. A su vez, está más extranjerizada. Y, sin embargo, cuando se habla de competitividad e inversiones a largo plazo, las transnacionales y sus supuestas ventajas comparativas deberían estar en debate. Abierto a los aportes de sectores nacionales y en la búsqueda de caminos más soberanos. Estos y otros aspectos de una economía con fuerte dependencia de los saldos exportables de las oleaginosas (exportados por cerealeras transnacionales) llevan a tener que cuidar los dólares del Banco Central con un alto celo, pero que trae distorsiones no sólo en turistas sino en empresas. En fin, con una dirigencia sindical fragmentada y con un alto coeficiente de dirigentes que ahora se sitúan como opositores, será difícil diferenciar cuándo buscarán debilitar al Gobierno y cuándo estarán funcionando como representantes de los trabajadores. Sin perjuicio de eso, la agenda de precios y salarios arranca con fuerza en 2013.