Una familia barilochense demandó a una aerolinea tras la cancelación de un vuelo sin previo aviso

Una familia de Bariloche que había organizado su itinerario con conexiones internacionales llegó con el tiempo justo al aeropuerto de Puerto Montt para abordar un vuelo hacia Santiago de Chile. Al ingresar a la terminal se toparon con un aviso inesperado: su vuelo había sido cancelado. La sorpresa fue mayor porque no habían recibido ningún tipo de notificación previa por parte de la aerolínea Sky Airline, responsable del servicio.

El viaje incluía a un niño pequeño y un vuelo posterior hacia otro país, programado para la madrugada siguiente. La cancelación ponía en riesgo todo el cronograma, incluyendo reservas abonadas con anticipación.

De acuerdo con el relato incorporado en la causa judicial, el personal del aeropuerto informó que la empresa estaba atravesando una medida de fuerza y que la situación era “de público conocimiento”. La única opción ofrecida fue completar un formulario web para iniciar un reclamo.

No hubo propuestas de reprogramación, ni compensación inmediata, ni asistencia para garantizar que la familia pudiera continuar su viaje. Ante ese escenario y sin otra alternativa, decidieron comprar nuevos pasajes con otra compañía para llegar a tiempo a la conexión internacional.

Ya en destino, la familia completó el reclamo digital que la empresa había indicado. La respuesta tardó varios meses y consistió en un correo electrónico que instruía a presentarse en una sucursal para retirar el dinero correspondiente. Sky Airline no tiene oficinas en Bariloche, por lo que esa indicación resultó imposible de cumplir.

Sin otra vía eficaz para obtener una solución, optaron por iniciar una demanda civil por daños y perjuicios. Presentaron pasajes, comprobantes de pago, reclamos realizados y el detalle de todas las gestiones efectuadas.

Durante el proceso, la aerolínea no compareció y fue declarada en rebeldía. La Unidad Jurisdiccional interviniente consideró acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de los derechos del consumidor. Destacó la ausencia de notificación previa de la cancelación, la falta de asistencia en el aeropuerto, la inexistencia de alternativas razonables y la ineficacia del canal de reclamos brindado.

También tuvo por probado que la familia debió afrontar gastos adicionales para no perder el resto del viaje contratado.

Con esos elementos, el juez de primera instancia ordenó a la empresa resarcir los daños reclamados y aplicó la sanción correspondiente según la normativa de defensa del consumidor. La sentencia aún no está firme, ya que la aerolínea puede apelar. (ANB)