Declararon inimputable a uno de los empresarios vinculados a la causa Techo Digno

El juez Marcelo Álvarez Melinger declaró la inimputabilidad de Alberto Usandizaga, uno de los empresarios vinculados a la causa de Techo Digno, en la que se investiga el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas con inversión nacional.

La decisión que se confirmó este marte solo aplica a Usandizaga por estrictas cuestiones de salud, pero continúan vinculados al hecho la exintendenta María Eugenia Martini, Juan Castelli, de Oriente Construcciones y Alfredo Milano, exsecretario de Obras Públicas.

“En función de lo solicitado por la defensa, me hace concluir que controlada la legalidad, coincido con lo dictaminado por el Dr. Lozada, la solución más adecuada ante el carácter de salud, es el sobreseimiento del mismo por el hecho que fuera calificado como fraude a la administración pública”, indicó este martes el magistrado.

El juez Marcelo Álvarez Melinger sobreseyó a Alberto Usandizaga este martes. Foto: Marcelo Martínez.

Esto había sido solicitado por el abogado del empresario a cargo de la firma Alusa, y en una audiencia realizada ayer (12/08) se reiteró la solicitud además de pedir que no se informen detalles sobre la salud del empresario.

Además, el abogado Luciano Perdriel, defensor de Alfredo Milano, realizó planteos sobre la competencia provincial de la causa, considerando que debería ser derivada a la Justicia Federal, pedido al que adhirieron los demás abogados defensores.

Sobre esto, el juez Álvarez Melinger rechazó los planteos y ratificó la competencia provincial en la causa que, además, tiene implicados en similares condiciones en otros puntos de Río Negro. El magistrado aclaró que no hay imputados a nivel nacional, por lo que continuará bajo la esfera de la Justicia provincial.

Los fiscales Gerardo Miranda y Martín Lozada encabezan la acusación. Foto: Marcelo Martínez.

Luego de dictar el sobreseimiento de Usandizaga, estaba previsto continuar con el control de acusación contra los otros tres imputados, pero la audiencia fue suspendida debido a que los abogados defensores adelantaron que impugnarán la decisión del juez en torno a la competencia federal.

La causa Techo Digno

En 2021, una investigación llevada a cabo por la Fiscalía motivada por una denuncia del exintendente Gustavo Gennuso, realizada en 2015, determinó que tras distintas maniobras que habrían realizado los acusados, las empresas obtuvieron dinero por viviendas que no se ejecutaron.

Los hechos por los que se los acusan están relacionados con el programa nacional “Techo Digno”, a través del cual, se financió la construcción de viviendas en distintos puntos del país.

En Bariloche, la por entonces intendenta María Eugenia Martini, firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, a fines del año 2013 a través del cual se comprometía la construcción de 376 viviendas en una etapa y 495 después, obras que fueron licitadas y adjudicadas por las empresas Oriente y Alusa.

Martini, en su calidad de intendenta, debía desembolsar mensualmente montos de dinero que dependían del avance de las obras por parte de las firmas constructoras. Desde Nación, se transfirieron 117 millones de pesos para tal fin, lo que representaba casi la totalidad del financiamiento.

Entre abril 2014 y julio de 2015, la Municipalidad recibió $117.657.876 destinados a la construcción de la primera etapa de las viviendas. Tal suma representó el 98% del total referido (suma que superaba los 119 millones de pesos).

Martini, Milano y Castelli continúan imputados en la causa. Foto: Marcelo Martínez.

Además, entre las partes se fijó un plazo de 24 meses para la concreción de las obras y según la acusación fiscal “del licitado convenio surgen una serie de obligaciones para Martini. En primer término, debería respetar la documentación y especificaciones técnicas”. Por otro lado, también tenía que pagar parte del total, contra certificación del avance de las obras.

De acuerdo a lo detallado por la Fiscalía, entre el 3 de septiembre de 2014 y el 3 de julio de 2015, Martini le pagó a Alusa más de 23 millones de pesos, suma que equivalía al 78% de obra del monto total del contrato.

Según la acusación de la Fiscalía, Martini, valiéndose de los certificados que daban cuenta de un avance mayor al real, le dio un “beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lucro indebido”. Esta maniobra, de acuerdo a la acusación, se repitió en las licitaciones de otras partidas de vivienda del mismo programa.

En abril de 2016 cuando inspectores del IPPV recorrieron las obras y determinaron que no presentaban el avance que indicaban las certificaciones firmadas. (ANB)