lunes 26 de febrero de 2024

Reformas

Puntos principales de la Ley Ómnibus y sus modificaciones recientes

Este proyecto legislativo integral tiene como objetivo principal, consolidar múltiples modificaciones en un único documento legal, abordando diversos aspectos de la vida cotidiana y estructural del país.

miércoles 24 de enero de 2024
Puntos principales de la Ley Ómnibus y sus modificaciones recientes
. La ley busca eficiencia y equidad en áreas clave. Foto: Twitter.
. La ley busca eficiencia y equidad en áreas clave. Foto: Twitter.

En una jornada marcada por intensas negociaciones y concesiones, el Gobierno finalmente entregó a la Cámara de Diputados el día lunes, el proyecto de modificación de varios puntos de la "Ley ómnibus", que inicialmente contemplaba 664 artículos. Las enmiendas abarcan aspectos cruciales en áreas económicas, impositivas, fiscales, sociales y ambientales.

La Ley Ómnibus se destaca como un proyecto integral que busca reformas significativas en diversas áreas. Aunque generó algunas preocupaciones, sus puntos clave resaltan por los beneficios que podrían aportar a la sociedad.

El proyecto revisado, con 523 artículos, 141 menos que el enviado originalmente por el presidente Javier Milei, refleja concesiones significativas del Gobierno a las demandas de la oposición dialoguista.

El proyecto mantiene la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Sin embargo, la emergencia ya no se declara en materia social y de defensa. Esto le permite al gobierno tener funciones legislativas en estas áreas.

El tiempo de emergencia se reduce a un año, con la posibilidad de una prórroga de un año más, en comparación con los dos años más dos años de prórroga que se proponían inicialmente.

Entre los cambios más destacados se encuentra la incorporación de una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación y restricciones al blanqueo. Además, se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles, tras críticas de gobernadores, legisladores y empresarios.

En relación a las retenciones, se eliminó el gravamen a las economías regionales. Sin embargo, persiste el aumento del 31 al 33 por ciento en las retenciones para derivados de la soja, así como incrementos para trigo, maíz, carne vacuna y productos industriales. En este sentido, se elimina la posibilidad de que el Gobierno pueda aumentarlas, solo podrán ser disminuidas.

En relación a la reforma jubilatoria, se mantiene el ajuste trimestral en marzo, pero se implementará una actualización automática por inflación mensual a partir de abril, basada en el último dato del INDEC. Además, ex presidentes y vicepresidentes ya no tendrán jubilaciones de privilegio, pero se mantiene para jueces de la Corte Suprema.

En el ámbito de privatizaciones, se excluye del listado de 41 empresas a YPF y se establece que el Estado mantenga el control de Nucleoeléctrica (operadora de todas las centrales nucleares del país), Banco Nación y ARSAT, permitiendo solo una privatización parcial.

El punto del proyecto original sobre considerar una manifestación con tres o más personas en espacios públicos se mantiene, pero ahora se eleva el número a 30.

Se reformula el texto para garantizar recursos para el Fondo Bosques por el mismo monto que en 2023. No se permitirá talar zonas rojas y amarillas. Por otro lado, la Ley de Quema, decía que las autoridades tenían 30 días para autorizar o prohibir una quema, y si no respondían después de ese período, se considera autorizada. Esto se mantiene, pero ahora el tiempo para considerarlo va a ser de 90 días.

También hay cambios en la Ley de Glaciares. Además se propone eliminar la norma que prohibía el cambio del uso del suelo después de un incendio, por ejemplo para desarrollar actividades inmobiliarias.

El blanqueo de capitales incluye la exclusión de quienes hayan sido funcionarios en los últimos cinco años. Además, se otorga un beneficio a contribuyentes cumplidores con reducción del 0,25 por ciento en alícuotas por los próximos tres años.

Se realizan modificaciones en el enfoque de la educación híbrida y a distancia para enfatizar la promoción de la presencialidad, aclarando dudas sobre la escolarización en el hogar (homeschooling).

El financiamiento del INCAA no se cambiará, continuando con una asignación específica automática. El Gobierno ya no propone cerrar el Fondo Nacional de las Artes, pero se limitará su gasto al 20% de sus ingresos, y sus directores deberán trabajar ad honorem.

El Gobierno también acordó trasladar a sesiones ordinarias temas como salud mental, cambios en la ley de sociedades, traspaso de la Justicia nacional a la ciudad y reforma electoral. No obstante, aclaró que más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial se tratarán en sesiones ordinarias.

En cuanto a la Ley de Salud Mental, la versión original proponía modificar ocho artículos de la Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de la Salud Mental”. La modificación permitiría que, a pedido de la familia, un juez intervenga directamente si considera que hay riesgo para la persona en cuestión o terceros, facultando la posibilidad de internación.

Otro aspecto relevante de la ley original aborda la creación de nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos. La propuesta inicial buscaba eliminar la prohibición de establecer nuevos centros en estas áreas, posiblemente como medida para abordar la demanda creciente y garantizar una atención más eficiente y especializada.

A pesar de las concesiones, el Gobierno destacó que el proyecto mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario, desregulación económica, fortalecimiento de la educación y la cultura, seguridad y mejora en el funcionamiento de la Justicia. No obstante, criticó la decisión de la oposición de postergar temas como el juicio por jurados para sesiones ordinarias y adelantó que insistirá con la propuesta el 1 de marzo.

Puntos clave del texto original

La norma de salud propuesta por la ley incluye ayudas adicionales a madres con hijos menores de 3 años, mostrando un enfoque de apoyo a la maternidad y protección de la primera infancia. Asimismo, el proyecto se propone fortalecer el cuidado integral de la salud de madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde la concepción hasta los tres años, demostrando un compromiso con la atención temprana y la protección de los sectores más vulnerables.

En cuanto a la reforma electoral, la Ley Ómnibus plantea cambios profundos al proponer la eliminación de las PASO, la lista sábana, y la introducción de un sistema de elección por "circunscripciones uninominales" para diputados nacionales. Estas medidas buscan optimizar el proceso electoral y aumentar la representatividad.

El proyecto también aborda preocupaciones ambientales al proponer disposiciones para el control de emisiones de gases en diversos sectores productivos, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

Adicionalmente, se contempla la obligatoriedad de pago de cuotas para estudiantes extranjeros que deseen estudiar en la universidad pública, buscando garantizar un acceso equitativo y sostenible a la educación superior.

En el ámbito de la salud, la ley propone un cambio en la emisión de recetas médicas, especificando solo el nombre genérico de los medicamentos. Esta medida tiene como objetivo disminuir costos, facilitar el acceso y mejorar el desarrollo de la actividad farmacéutica.

La amplitud de la legislación se refleja en su cobertura de áreas que van desde la atención médica y la prescripción de medicamentos hasta los subsidios de energía y transporte, y la canasta básica de alimentos. Esto, según el Gobierno, denota una visión integral para abordar diferentes aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Aunque la Ley Ómnibus promete beneficios significativos, es crucial tener en cuenta que la implementación y los efectos de estas reformas pueden variar de la teoría a la práctica. La participación activa de ciudadanos, legisladores y partes interesadas en el debate y seguimiento de la ley será fundamental para asegurar su éxito y abordar posibles preocupaciones. (ANB)

 

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