Por ajustado margen, Legislatura suspendió las PASO

Con 24 votos a favor y 21 en contra, la Legislatura rionegrina suspendió durante 2015, la aplicación de la ley que creó las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Fue una puja voto a voto, con intenso debate político.

El proyecto para suspender las PASO durante 2015, fue presentado por el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, luego de dilatar la reglamentación de la ley. El mandatario lo remitió a la Legislatura, hace pocos días, para su tratamiento en única vuelta.

Por un ajustado margen, se suspendió la vigencia de la ley 4988 votada por unanimidad en el recinto parlamentario el 22 de agosto pasado, con el propósito de incorporar en el proceso electoral de la Provincia el régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

El Ejecutivo resaltó en los fundamentos de su proyecto de ley, que la norma que implementó un nuevo mecanismo para la selección de candidatos a cargos públicos electivos (PASO), “requiere para su efectiva ejecución de una acorde reglamentación con consenso político, con el objeto de sustentar el espíritu de ‘diálogo político’ que le diera origen”.

Expresó también que “todas las modificaciones a los mecanismos electorales, en especial aquéllas que tienden a brindar más transparencia y participación, mejorando la calidad de la representación y la legitimidad ciudadana de los candidatos a cargos electivos, deben gozar de la más amplia base de sustentación obtenida por medio del debate y acuerdo entre los diferentes actores políticos”.

En sintonía con eso, durante el debate en el recinto, según información oficial, la legisladora Tania Lastra (JSRN) defendió el proyecto del Poder Ejecutivo remitido a la Legislatura con acuerdo de ministros para ser sancionado o rechazado en única vuelta parlamentaria.

Lastra reafirmó las argumentaciones del Gobierno: “A los fines operativos es necesario otorgar precisión de los procedimientos estipulados por la normativa a través de la reglamentación, tal como se establece en el procedimiento de conformación de las juntas electorales, de las agrupaciones políticas, el aval de las listas de precandidatos y su oficialización”.

“También se deben definir criterios relacionados con las boletas electorales en cuanto a la asignación de los colores y el mecanismo presupuestario para su impresión, entre otras cuestiones, así como fijar el procedimiento por el cual se garantice el acceso equitativo e igualitario para la publicidad electoral de las agrupaciones políticas”.

Lastra aseguró que “tal como es de público conocimiento, el Gobierno ha llevado a cabo la tarea de intentar articular los engranajes políticos que permiten el dictado de una reglamentación acorde con los objetivos de las PASO”.

Resaltó que los distintos bloques parlamentarios “que fueron convocados nunca efectuaron un proyecto concreto que satisfaga todos los puntos que requiere esta ley” y alegó “la imposibilidad de cumplir los plazos” previstos en la norma en miras a las elecciones de octubre, denota que “claramente se demuestra los escasos días para la aplicación de las PASO”.

“Si a ello sumamos los procedimientos de contratación necesarios para la confección de las boletas, las urnas y demás elementos, encontramos que es materialmente imposible implementar esta ley para las elecciones de este año”.

Lastra negó que hayan habido “maniobras dilatorias” y argumentó por otra parte que “se establecieron sugerencias y críticas de algunos bloques” y “pocas o nulas de otros que hoy nos están criticando y que hacen un juego discursivo, según les convenga”.

Martín Doñate (FpV): Se manifestó “sorpendido por estar tratando hoy un proyecto aprobado el año pasado por los mismos legisladores que (entonces) se comprometieron a defender lo que ahora están rechazando”, cuando “en agosto se jactaban de la decisión política del Gobernador” de poner en marcha las PASO.

Jorge Ocampos (CC-ARI): Consideró que esta ley implica “un retroceso, un paso atrás” institucional ya que se trataba de “una herramienta y una mayor respuesta para nuestros conciudadanos, un aporte a la democracia, y una mayor transparencia”, y destacó que no se trata de “suspender por un año” la vigencia de la ley, sino “derogar por cuatro años… Es una abstracción hablar de suspender por un año”, sostuvo.

Rubén Torres (FpV): También aludió a una “gravedad institucional importante, no sólo política” y planteó la falta de capacidad del gobierno para reglamentar la ley durante los siete meses que estuvo en vigencia.

Bautista Mendioroz (presidente ACD): Puntualizó, según información oficial, que su bloque no tiene una única posición respecto del proyecto en tratamiento y anticipó su postura contraria a la suspensón de la norma. “Siento frustración porque la mayoría (de los legisladores) creímos que habíamos dado un paso adelante en la calidad institucional de la Provincia, pero estamos involucionando”. La suspensión de las PASO “destruye ciudadanía”, opinó y agregó que “éste no es un tema menor, esto es trampa, es un fraude electoral” con “excusas mentirosas”.

Alejandro Betelú (ACD): Admitió que este proyecto ha provocado “discusiones internas” dentro del bloque. Sin embargo, y pese “a compartir los fundamentos que marcan la irresponsabilidad del Ejecutivo en este tema”, y explicando su apoyo a la suspensión, dijo que “la cuestión fue analizada y debatida a nivel partidario” y se determinó que el rechazo del expediente “iba a perjudicar nuestra representación política”.

César Miguel (FpV): Consideró que la suspensión de las PASO representa “un verdadero golpe institucional que impacta en la calidad institucional”. Sostuvo que con la medida “se vuelven a cerrar las posibilidades de participación” y se “clausura la democracia interna de los partidos políticos”.

Ana Piccinini (FpV): Manifestó su rechazo a la iniciativa, con fuertes críticas hacia el gobernador Alberto Weretilneck y a al sector del radicalismo aliado al Gobierno provincial.

Alejandro Marinao (FpV): Expresó la oposición del bloque del FpV a la suspensión de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. “Hoy nos detenemos”, sostuvo. “Si veníamos avanzando, ¿por qué detenernos?”, preguntó.

Finalmente, según información oficial, Roxana Fernández (JPRN) defendió la medida: “Esto no nos modifica la gobernabilidad, no le otorga poca transparencia al proceso”, concluyó. (ANB)