Fue de 20 millones de pesos el aporte extraordinario de Nación al municipio

El aporte extraordinario remitido por Nación a la Municipalidad de Bariloche, para el cierre del ejercicio financiero de 2014, fue de 20 millones de pesos. Así consta en documentación del Gobierno nacional a la que accedió ANB. En tanto, no fue posible hasta el momento observar esa transferencia en los sistemas del Municipio, ya que se encuentra demorada la elaboración o publicación de los ejecutados presupuestarios. El último disponible corresponde al mes de octubre del año pasado.

Oportunamente, ANB informó que la transferencia realizada por el Gobierno central a una cuenta del Banco Nación había sido de 7 millones, dato que fue negado por la Intendenta María Eugenia Martini y el secretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinger. Justificaron que se trató de desembolsos con destino específico, para el financiamiento de obras públicas. Sin embargo, de acuerdo a la documentación que pudo constatar ANB, antes de fin de año la Nación, bajo la figura de Aporte Extraordinario, envió 20 millones de pesos a la comuna.

El dato también es analizado ya por el Tribunal de Contralor, aunque la información disponible sobre el movimiento de las cuentas oficiales es limitado debido a las demoras en la presentación de los ejecutados.

No es la primera vez que el Gobierno nacional asiste a la gestión Martini. A fines del año 2013 también se realizó un desembolso millonario para permitir el cierre de las cuentas.

En este caso, según fuentes del Centro Cívico, el dinero se utilizó para la cancelación de obligaciones corrientes -el Ejecutivo también tuvo que recurrir al descubierto bancario (ver nota aparte)-, y la devolución de fondos con destino específico. Esos recursos -que el propio Gobierno estimó en 12 millones de pesos- fueron utilizados para el pago de sueldos, en lugar de destinarse a obras públicas. A fin de año, Hacienda debió solicitar una prórroga para la devolución de esos fondos, y el Concejo Municipal -el 19 de diciembre- le autorizó sólo tres meses de plazo para cumplir con esa exigencia.

En las próximas semanas, con la publicación de los ejecutados o la intervención del organismo de control, se echará luz sobre la polémica en torno a la ayuda del Gobierno nacional. (ANB)