El negocio del miedo

Las tres décadas de democracia en la Argentina no han podido vulnerar uno de los pilares de la "eficacia" del modelo de la última dictadura: el miedo como motorizador del control social. Los hecho delictivos -presentados como casos de una concatenada "inseguridad"- sobreexpuestos mediáticamente y convertidos en justificación para la implementación de sistemas de control individual y social, no son un fenómeno entendible si no se incorpora al análisis el rédito político-electoral que logran los dirigentes que hacen del discurso en torno a la "seguridad" su carta más efectista; y quienes lucran con el negocio de ampliar los alcances de la vigilancia.

En el ámbito del Congreso Nacional, hubo dos (contra)reformas de la legislación -las impulsadas por el falso Ingeniero Blumberg en 2004; y la del Código Penal de 2011- que implicaron retrocesos en materia de derechos individuales en relación a la dureza y alcance de las penas. Se impuso la idea del endurecimiento de los castigos como método disciplinador, a pesar que se ha demostrado que no existe una disminución de delitos atada a la escala (o escalada) punitiva (cualquier texto sobre el tema del Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, es ilustrativo).

Ambos procesos (2004 y 2011) estuvieron precedidos por hechos delictivos híper mediatizados que derivaron en la instalación del machado concepto de la "inseguridad". En ese escenario, hace su caldo la dirigencia política que jibariza el lenguaje y lo reduce a eslóganes efectistas vinculados con la seguridad, en tanto, solo ausencia de delitos.

El ascenso de figuras como Mauricio Macri, Sergio Massa, y el propio Daniel Scioli, no pueden explicarse ajenos a esa lógica de miedo-demanda social-respuesta demagógica.

El esquema funciona también para los negocios. Primero fueron las desprovistas de tecnología agencias de seguridad que paraban en cada esquina de los barrios bien a ex policías -muchas veces exonerados por incontables delitos-; y ahora son las híper-tecnificadas empresas que ofrecen cualquier tipo de sistema de control, vigilancia, seguimiento, y almacenamiento de datos.

Política y negocios se mezclan también en el caso de Río Negro que ANB expuso. El proyecto de motorizar el plan "Alerta Río Negro", atado a la compra de cámaras de seguridad a una empresa ligada al massismo, no puede sino ser interpretado como un acuerdo macro que incluye proyecciones electorales comunes, sustentados con los recursos del Estado, derivados del acuerdo de explotación hidrocarburífera con Petrobras.

Ese posible salto del Frente para la Victoria al Frente Renovador, no sorprenderá a quienes conocen la trayectoria política de Alberto Weretilneck y su capacidad para mutar de partido o aliado: del Partido Intransigente al Movimiento Patagónico Popular; sucesivos acuerdos electorales de esa fuerza provincial con el Justicialismo y el radicalismo; luego al Frente Grande, aliado a la UCR más conservadora del veranismo; para recalar finalmente en un frente bajo el paraguas del kirchnerismo.

Weretilneck encuentra en algunas actitudes del PJ rionegrino, además, la potencial argumentación: "me vaciaron de poder", dice, y reiterará en el futuro.

La alternativa del pase al massismo dejará, eso sí, muchos heridos en su entorno. Dirigentes que llegaron al Gobierno rionegrino embebidos de la mística militante o aun setentista del Gobierno Nacional, y que se encontrarán, de un día para el otro, caminando de la mano de un dirigente, en la praxis y según su propia definición, ubicado en otra vereda.

En todo caso y volviendo al eje central, ese proyecto tiene uno de sus pilares de sustentación en el "negocio del miedo": extender en Río Negro la convicción de la necesidad de más control, más vigilancia; y ofrecer "a paquete cerrado" la "respuesta que la sociedad necesita" traducido en cámaras que todo lo vean, satélites que todo lo persigan, computadoras que todo lo almacenen. La adquisición de esa tecnología a la empresa del líder político que cobijará las esperanzas reeleccionistas, es la frutilla de la torta.