Investigan bloqueo de camino: una familia denunció aislamiento y pérdidas de animales

El Ministerio Público Fiscal de Chubut, representado por el doctor Martín Robertson, dio inicio formal a una investigación penal por el impedimento de acceso y delimitación de un terreno en la zona de Lago Puelo donde se encuentra asentada la comunidad mapuche Motoco Cárdenas.

La causa se abrió por el presunto delito de usurpación en la modalidad de turbación de la posesión, a partir de una denuncia que dio cuenta de reiterados bloqueos de acceso y situaciones de intimidación que impidieron a la propietaria de un inmueble realizar tareas de demarcación y cerramiento.

Durante la audiencia, el fiscal Robertson detalló que los hechos se registraron durante el año pasado, cuando se impidió en al menos dos oportunidades el ingreso de la denunciante, sus familiares y el personal contratado para realizar trabajos de delimitación y alambrado. La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como usurpación en coautoría.

La defensa técnica se opuso al inicio de la investigación y al dictado de medidas cautelares, argumentando fallas en la precisión del relato y sosteniendo que la disputa responde a un conflicto histórico de límites y derechos posesorios de índole civil y administrativo, planteado sobre tierras fiscales linderas.

Tras escuchar a las partes y recibir aclaraciones sobre las características geográficas de la zona —donde el único acceso vial al terreno requiere atravesar el lote lindero—, el juez rechazó el planteo defensivo. Precisó que, para la etapa inicial del proceso penal, la ley exige únicamente una enunciación clara e individualizada de los hechos y la calificación legal provisoria.

El magistrado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y dispuso garantizar una servidumbre de paso que permita el libre tránsito hacia la propiedad afectada, autorizando la realización de los trabajos de amojonamiento y alambrado exclusivamente sobre los límites correspondientes al título de propiedad acreditado.

La resolución fijó límites precisos: no autoriza modificaciones ni cierres sobre las áreas que actualmente son objeto de trámites y disputas administrativas. Finalmente, el juez exhortó a las partes y a los profesionales intervinientes a coordinar las tareas de delimitación de manera pacífica, sin perjuicio del eventual uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

En paralelo a la investigación penal, una vecina de la zona aportó su testimonio sobre la situación que atravesó la familia afectada. Según relató, el derrumbe del camino que utilizaban por la costa del río dejó inutilizado ese acceso y, al intentar usar el camino público hacia Río Blanco —respecto del cual aseguran contar con una autorización judicial desde 2021—, se les impedía el paso.

La situación llegó a un punto en el que fue necesario solicitar que la Policía llegue al lugar para trasladar a la familia aislada bajo custodia, ante la imposibilidad de que pudieran salir por sus propios medios.

La familia finalmente pudo llegar a su vivienda después de firmar un acta de acuerdo. Al ingresar, la señora relató que encontró todos sus pollitos muertos.

Además, de acuerdo a lo relatado por Nan Puelo en su perfil de Facebook, fueron obligados a poner por escrito que respetan a la comunidad Motoco Cárdenas y que reconocen que el camino es privado de la comunidad, incluso en situaciones de emergencia.

El caso permanece en manos de la Fiscalía mientras la investigación penal preparatoria avanza para determinar las responsabilidades por los bloqueos y las intimidaciones denunciadas.