Reino Unido extendió por cinco años las licencias petroleras en las Islas Malvinas e impulsó el proyecto Sea Lion

Las autoridades británicas en las Islas Malvinas dispusieron la extensión por un período de cinco años de todas las licencias vigentes para la exploración y eventual producción offshore de hidrocarburos en la plataforma continental disputada. La decisión contó con el respaldo explícito del Gobierno del Reino Unido y contempla la opción de otorgar una prórroga adicional de dos años si las compañías cumplen con las metas fijadas en sus programas de trabajo.

La medida coincidiós formalmente con el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de la ONU, donde la soberanía sobre el Atlántico Sur forma parte central de la agenda argentina.

Desde el parlamento de la administración británica en las islas indicaron que la resolución busca brindar certidumbre contractual a los operadores privados para sostener sus inversiones en la región. La integrante de la Asamblea Legislativa isleña, Cheryl Roberts, afirmó que la prórroga otorga seguridad a los inversores y sostuvo la posición de la administración local al manifestar que «son recursos nuestros que debemos desarrollar».

Paralelamente, el Departamento de Recursos Minerales de las islas inició negociaciones para acordar planes de trabajo que contemplan la perforación de pozos de evaluación adicionales bajo estándares ambientales globales.

Entre los desarrollos alcanzados se destaca el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento de aguas profundas situado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, operado por la firma israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%).

Las petroleras prevén iniciar la extracción comercial en marzo de 2028 con un flujo diario de 50.000 barriles de crudo, lo que proyecta un esquema de regalías e ingresos fiscales estimado en US$ 2.000 millones durante un período de 30 años. En el mismo acto se autorizó a Navitas a adquirir el 65% del bloque contiguo PL001 tras un acuerdo con JHI Associates, en una cuenca donde también poseen permisos las compañías Borders & Southern y Desire Petroleum.

En respuesta a la actividad hidrocarburífera, la Justicia Federal de Río Grande emitió medidas cautelares a través de la jueza Mariel Borruto para ordenar a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum la abstención de realizar perforaciones o instalaciones en Sea Lion.

El Ejecutivo argentino impulsó denuncias penales y sumarios administrativos con fundamento en las leyes nacionales y en la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU de 1965, la cual urge a ambas partes a negociar la soberanía. Asimismo, mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno nacional fijó inhabilitaciones comerciales de 5 a 20 años para operar en la Argentina a las empresas que actúen sin la debida autorización estatal.