ATE denunció una “creciente militarización” del Gobierno tras los cambios en Olivos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la reorganización de la Quinta de Olivos y advirtió sobre lo que calificó como un proceso de “creciente militarización” del Gobierno de Javier Milei. El planteo surgió luego de que la Casa Militar asumiera nuevas funciones en la residencia presidencial y se produjeran despidos y traslados de trabajadores civiles.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el reemplazo de personal civil por integrantes de la Casa Militar y la posibilidad de avanzar con un esquema similar en la Casa Rosada forman parte, según la interpretación del gremio, de una ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas sobre tareas que históricamente fueron desempeñadas por civiles.

“Estas cesantías ilegales producidas por el Gobierno en la Quinta de Olivos y su reemplazo por militares, sumadas a las amenazas de adoptar medidas similares en Casa Rosada confirman que en este momento atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno”, afirmó Aguiar en un comunicado difundido este lunes.

El dirigente también señaló que, según los registros de ATE, más de 300 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas fueron cesanteados durante la actual gestión y sostuvo que algunas de esas vacantes comenzaron a ser cubiertas por personal militar. El gremio afirma además que el Gobierno analiza reemplazar por militares a otros 600 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas.

En relación con la Quinta de Olivos, ATE contabiliza 14 trabajadores despedidos, que realizaban tareas de jardinería, administración, limpieza, cocina y servicio. La cifra difiere de la informada por el Gobierno, que confirmó 12 despidos como parte de la reorganización de la residencia.

Qué argumentó el Gobierno

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a una reorganización de la Quinta de Olivos orientada a reforzar la seguridad presidencial. El Gobierno confirmó que la Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad de la residencia y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

La medida incluye además la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traspaso de responsabilidades y bienes a la Casa Militar. Según la explicación oficial, el proceso de transferencia tendrá un plazo de hasta 60 días.

Distintos medios también informaron que desde el Gobierno se vinculó la reorganización con supuestas filtraciones de información relacionadas con la actividad del Presidente y su entorno. Esa explicación fue difundida por fuentes oficiales, mientras que el comunicado formal sobre la reestructuración puso el foco en el refuerzo de la seguridad y la reorganización administrativa.

ATE, en cambio, cuestionó los despidos y sostuvo que los trabajadores civiles desvinculados tenían años de antigüedad y realizaban tareas administrativas y de mantenimiento. El gremio considera que el cambio forma parte de un proceso más amplio de sustitución de personal civil por militar.

Aguiar advirtió además que el esquema podría extenderse a la Casa Rosada y reclamó que se reviertan las cesantías. Sus afirmaciones constituyen la posición del sindicato y no una conclusión independiente sobre el alcance de la reorganización estatal. (ANB)