El Consejo de la Magistratura define hoy el rumbo de la denuncia contra la fiscal Cendón

En las horas previas a la sesión del pleno del Consejo de la Magistratura, que definirá el rumbo de la causa contra la fiscal jefe Betiana Cendón se generó el rumor en tribunales de que la definición estaría resuelta de antemano, previéndose el archivo de las actuaciones junto a un llamado de atención o recomendación ética. Ante este escenario, la parte acusadora exigió elevar la causa a un Jury de enjuiciamiento .

La funcionaria judicial enfrenta acusaciones por mal desempeño, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos de violencia y acoso laboral (mobbing), que incluyen insultos, descalificaciones verbales a colaboradores, interferencia en investigaciones judiciales y retiro injustificado de legajos. Asimismo, en las actuaciones constan manifestaciones despectivas dirigidas hacia la autoridad del procurador general Jorge Crespo tras una reunión institucional.

El desarrollo de la instrucción, a cargo del legislador sumariante Juan Sebastián Murillo Ongaro, ha acumulado más de 40 declaraciones testimoniales, aunque la representación legal de los denunciantes cuestionó irregularidades en el procedimiento. Entre los señalamientos presentados consta que ninguno de los seis denunciantes directos fue convocado a declarar para ampliar sus exposiciones, rechazándose además la citación de siete profesionales de la salud mental que constataron el daño psicofísico de las víctimas y la mayoría de los testigos judiciales propuestos.

Paralelamente, la instrucción resolvió que las víctimas no revisten calidad de parte en el expediente administrativo (cf. Ley K 2434) y dispuso la toma de testimonios a empleados subordinados en despachos contiguos o en presencia directa de la denunciada, situación que motivó un requerimiento de explicaciones por parte de un bloque de legisladores provinciales ante la opacidad del trámite y la falta de medidas protectorias.

El conflicto institucional derivó además en las renuncias del fiscal Tomás Soto y de la defensora pública Mónica Goye. A su vez, los denunciantes cuestionaron la falta de suspensión preventiva del cargo de la fiscal Cendón durante el sumario, marcando un contraste respecto de los antecedentes de los funcionarios Erika Fontela, Ángela Revsin y Gustavo Guerra Labayén, en los cuales la Procuración General e instancias disciplinarias aplicaron suspensiones cautelares o impulsaron juicios políticos de destitución bajo cargos similares de violencia laboral. 

Ante este escenario, la parte acusadora sostuvo que la única alternativa institucional posible frente a los hechos es la elevación de las actuaciones a un Jury de enjuiciamiento.

“Hay una doble vara en cómo se enjuicia a los funcionarios dependiendo de quién esté. Ante situaciones similares se destituye al funcionario ¿Cuál sería el motivo por el cuál no se siga con el mismo criterio ante un caso de violencia laboral? Estamos ante un caso de  blindaje y un escándalo jurídico”, sostuvo la parte acusadora. (ANB)