Malvinas: El Gobierno amplió las denuncias penales contra cinco empresas petroleras

El Gobierno amplió las denuncias penales contra cinco compañías y apunta además a las personas que hayan participado en las decisiones relacionadas con esas operaciones.La medida, impulsada por el canciller Pablo Quirno junto con la Procuración del Tesoro de la Nación, suma a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de profundizar las pesquisas sobre los responsables de Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas.

Las actuaciones tramitan en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, enfocándose prioritariamente en las operaciones relacionadas con el proyecto de extracción de crudo Sea Lion. Esta embestida judicial complementa un marco administrativo sancionatorio que ya alcanza a 60 personas físicas y jurídicas por infracciones a la Ley 26.659, norma que sanciona la exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin habilitación oficial y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años.

La estrategia implementada por el Poder Ejecutivo contempla la incorporación de nuevos actores corporativos a los expedientes en trámite, así como la apertura de nuevas causas en los tribunales de Comodoro Py. El objetivo central del Estado argentino consiste en determinar las responsabilidades individuales de directores, gerentes, administradores y representantes legales de las firmas involucradas en la toma de decisiones del proyecto Sea Lion y otras iniciativas extractivas. Esta acción dio continuidad a una presentación inicial de la Cancillería contra sociedades vinculadas a Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic.

El eje central de la presentación penal radica en que las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas carecen de validez legal para la legislación argentina. El Gobierno sostiene que dichos permisos locales no reemplazan la habilitación requerida por las autoridades nacionales para operar en la plataforma continental. Este endurecimiento de la posición argentina cobró mayor visibilidad pública tras una cadena nacional en la que el presidente Javier Milei advirtió sobre los riesgos derivados de la consolidación del proyecto petrolero en el archipiélago.

En el ámbito administrativo, las actuaciones se encuadran en la Ley 26.659, promulgada en 2011, la cual prohíbe realizar actividades petroleras en el territorio insular y marítimo bajo jurisdicción argentina sin la previa autorización de la autoridad competente.

 Para dotar de mayor celeridad al juzgamiento de las infracciones mencionadas, el Ejecutivo promulgó el Decreto 868/2026, orientado a agilizar los procedimientos administrativos instruidos a los 60 sujetos físicos y jurídicos bajo investigación.

Finalmente, el accionar judicial contra las empresas petroleras se articula con un conjunto más amplio de medidas en materia de soberanía y defensa nacional.

 En este marco, la administración nacional remitió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional e instruyó dar prioridad presupuestaria para 2027 al desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, integrando la respuesta ante la explotación hidrocarburífera a una política integral de Estado en el Atlántico Sur.