Rompieron el reloj de presentismo en un hospital de Allen y el ataque quedó grabado

El reloj digital utilizado para registrar el presentismo de los trabajadores fue destruido intencionalmente en el Hospital Ernesto Accame de Allen y el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Por el hecho, el Ministerio de Salud de Río Negro realizó una denuncia policial y puso en marcha actuaciones administrativas para determinar quiénes fueron los responsables.

El dispositivo había sido instalado recientemente como parte del proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el Gobierno provincial en los hospitales públicos. Su implementación, sin embargo, generó cuestionamientos entre trabajadores de la salud y organizaciones gremiales debido al carácter obligatorio del nuevo sistema de control de asistencia.

Desde el Ministerio de Salud repudiaron el daño provocado al equipamiento y remarcaron que se trata de un bien perteneciente al Estado provincial. En ese sentido, señalaron que su cuidado es responsabilidad de todos y que los recursos públicos están destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios para la comunidad.

Denunciaron el ataque y buscan a los responsables

Una vez constatada la destrucción del reloj digital, las autoridades del Hospital Ernesto Accame formalizaron la denuncia ante la Policía para que se investigue lo ocurrido y se pueda identificar a las personas que participaron del hecho.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán una de las principales herramientas para avanzar en la investigación y establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes fueron los responsables de provocar los daños.

Además de la presentación policial, el Ministerio de Salud inició las actuaciones administrativas correspondientes y anticipó que se realizarán los sumarios necesarios para determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

Desde la cartera sanitaria insistieron en que el equipamiento forma parte de una política de incorporación de tecnología a los establecimientos públicos y que cualquier daño implica un perjuicio para el patrimonio estatal.

El episodio se produjo en un contexto particular, ya que el sistema de registro de asistencia había generado un conflicto entre el Ejecutivo provincial y trabajadores de la salud, que cuestionaron tanto la obligatoriedad del mecanismo como el uso de datos biométricos.

Qué sistema se había instalado en los hospitales

La incorporación del nuevo mecanismo surgió a partir de la Resolución 986/2026 de la Secretaría de la Función Pública de Río Negro, mediante la cual se aprobó como prueba piloto el denominado Sistema de Registro de Asistencia por Biometría Facial en el Ministerio de Salud.

La herramienta permite acreditar el ingreso y egreso de los trabajadores mediante el reconocimiento de sus rasgos faciales. Cuando la marcación se realiza a través de la aplicación móvil oficial, además, utiliza geolocalización para comprobar que el registro se efectúa desde el lugar de trabajo.

Según explicó el Ministerio durante el proceso judicial que se inició por el sistema, la geolocalización tiene como objetivo verificar el sitio desde el cual se realiza la marcación y no supone un seguimiento permanente de los trabajadores.

Hasta la incorporación de esta tecnología, los hospitales públicos utilizaban diferentes mecanismos para controlar la asistencia de sus empleados. Entre ellos se encontraban los relojes fichadores, las planillas manuales y los sistemas mediante huella dactilar.

La nueva normativa estableció que, una vez finalizada la etapa de implementación, el registro mediante biometría pasaría a ser el mecanismo válido para acreditar la asistencia del personal.

El conflicto con los trabajadores llegó a la Justicia

La obligatoriedad del nuevo sistema fue uno de los principales puntos cuestionados por los trabajadores. El reclamo se centró en la utilización de datos biométricos, considerados especialmente sensibles, y en la ausencia de una alternativa para quienes no quisieran utilizar el reconocimiento facial.

Desde el sector gremial plantearon que el mecanismo podía afectar derechos vinculados con la intimidad y la protección de los datos personales. El conflicto llegó así a los tribunales a partir de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La Justicia laboral de Río Negro hizo lugar al planteo. El juez de la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, Juan Ambrosio, declaró la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del sistema de control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización dispuesto por la Secretaría de la Función Pública de la provincia.

La resolución judicial se convirtió en un antecedente dentro de la discusión sobre la implementación del mecanismo en los hospitales rionegrinos.

En ese escenario, la destrucción del dispositivo instalado en el Hospital Ernesto Accame sumó un nuevo capítulo al conflicto. Ahora, además de la discusión sobre la legalidad y las condiciones de utilización del sistema, la investigación deberá determinar quiénes provocaron los daños y cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Mientras avanza la investigación policial y administrativa, el Ministerio de Salud sostuvo su postura de preservar el equipamiento público y remarcó que cualquier daño sobre bienes del Estado genera un perjuicio que termina afectando al funcionamiento de los servicios destinados a la comunidad.