El ex intendente Marcelo Cascón encabezará la lista de constituyentes de la alianza Acuerdo Cívico por Bariloche

La alianza electoral Acuerdo Cívico por Bariloche, conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica ARI, formalizó la presentación de su lista de candidatos a convencionales constituyentes municipales de la ciudad. La nómina de postulantes titulares es encabezada por el exintendente Marcelo Cascón. Lo acompañan en los primeros lugares la psicóloga y exdelegada de Educación y Promoción Familiar, Beatriz Oliva; el docente y especialista en sistemas e informática, Nicolás Pugliese; la referente de centros de jubilados, Isabel Paz; y el bombero voluntario Jorge Montenegro.

La lista se completa con el veterinario Horacio Vautier, las dirigentes vecinales Diana Marín y Encarnación Altamirano, el ginecólogo Fabián Gómez Giglio, el dirigente juvenil Juan Icare, Oscar Cárdenas, Carmen Ortiz, Juan Carlos Aguilar y la presidenta de la UCR local, Angélica Gallardo.

La propuesta política de la fuerza se estructura en torno a cuatro consignas principales: transparencia, ciudad inclusiva, cercanía con los vecinos y reducción del gasto público y político. En materia de transparencia, la plataforma plantea de forma transversal la incorporación de "Ficha Limpia" para regular las inhabilidades en la Carta Orgánica Municipal. Respecto al desarrollo ciudadano, el espacio propone definir planes de acción enfocados en políticas socio-públicas, minoridad, familia, educación en el ámbito municipal, accesibilidad y libre acceso a los espacios públicos.

En el aspecto institucional y de gobernanza, el espacio propone la descentralización del ejido municipal mediante subdivisiones geográficas, políticas, presupuestario-administrativas y operativas bajo el programa "Proyecto Cerca", buscando optimizar recursos existentes sin aumentar la cantidad de trabajadores estatales ni incrementar la carga impositiva actual. Complementando esta reforma, se impulsa la elección de concejales por cada una de las subdivisiones administrativas y la implementación de la doble vuelta electoral para el cargo de intendente. Adicionalmente, se promueve la reducción del gasto público fijando límites proporcionales de un empleado municipal por cada cien electores y un funcionario político por cada treinta agentes públicos, especificando que este ordenamiento se realizaría de forma progresiva y sin despidos. Asimismo, el control externo de las cuentas públicas sufriría modificaciones al proponerse que el Tribunal de Contralor deje de ser electivo y pase a ser designado por concurso de oposición y antecedentes, extendiendo el mandato de sus integrantes profesionales con incumbencia legal, contable y administrativa a seis años.

Finalmente, el eje ambiental y de planificación urbana contempla establecer mandas constitucionales con plazos y sanciones ante incumplimientos para dos metas específicas: la puesta en marcha de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos con disposición final regional, y la elaboración de un plan de ordenamiento urbano y ambiental por medio de un concurso internacional de expertos. La plataforma también prevé profundizar la aplicación de la renta diferencial urbana en nuevos desarrollos inmobiliarios para financiar obras de infraestructura pendiente. Durante el acto de presentación, Cascón señaló la necesidad de saldar deudas de gestión histórica mediante una plataforma con definiciones precisas y postulantes con trayectoria y representación social.