Caso Mandagaray: los tres condenados seguirán con tobilleras electrónicas hasta que defina la Corte Suprema

Los tres agentes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) condenados por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray continuarán transitando el proceso en libertad, pero con tobilleras de seguimiento electrónico, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva los planteos pendientes y determine si las condenas adquieren firmeza.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazara los recursos de las defensas y confirmara las condenas tras una nueva revisión integral del expediente. Con esa resolución, quedaron agotadas las instancias provinciales de revisión.

La Fiscalía había solicitado que los condenados fueran sometidos a prisión preventiva. Argumentó que la confirmación de las sentencias por parte del máximo tribunal provincial modificó el escenario procesal y aumentó el riesgo de fuga, ya que la causa dejó atrás la instancia de revisión dentro de Río Negro.

Si bien reconoció que los imputados habían cumplido hasta el momento con las obligaciones impuestas y se habían mantenido a derecho, la acusación consideró que la nueva situación procesal justificaba una medida más gravosa. También cuestionó la eficacia de las tobilleras electrónicas como mecanismo suficiente para neutralizar el riesgo procesal.

La querella acompañó el pedido de la Fiscalía y sostuvo que, teniendo en cuenta las características del caso, las penas impuestas y el avance del proceso, correspondía disponer la prisión preventiva.

Las defensas, en cambio, se opusieron y reclamaron que sus representados continuaran en libertad. Entre sus argumentos señalaron que las condenas todavía no se encuentran firmes y que resta la intervención de la Corte Suprema.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el artículo 109 bis, incorporado a la legislación provincial con posterioridad a los hechos investigados. El defensor oficial Camilo Curi sostuvo que esa norma no puede aplicarse al caso de Mandagaray y que, aun con el agotamiento de las instancias provinciales, deben acreditarse riesgos procesales concretos para justificar una prisión preventiva.

También destacó que su defendido cuenta con domicilio, trabajo y vínculos familiares, además de haber cumplido durante todo el proceso con las obligaciones judiciales que le fueron impuestas. En ese sentido, señaló que no existieron conductas que permitieran presumir una intención de sustraerse de la Justicia.

Las medidas que deberán cumplir

Finalmente, el Tribunal rechazó por unanimidad el pedido de prisión preventiva, pero entendió que el avance de la causa y la confirmación de las condenas justificaban modificar las medidas cautelares vigentes.

De esta manera, los tres condenados deberán:

• utilizar tobilleras de seguimiento electrónico;

• presentarse semanalmente a firmar en la comisaría más cercana a sus domicilios;

• permanecer en el país;

• no abandonar la ciudad en la que reside cada uno sin autorización judicial.

El Tribunal consideró que esas medidas resultan suficientes y estrictamente necesarias para asegurar la continuidad del proceso hasta que exista una decisión definitiva sobre las condenas.

Los jueces también tuvieron especialmente en cuenta que durante los años que lleva la causa los condenados cumplieron con las medidas impuestas, no entorpecieron la investigación, no destruyeron pruebas y comparecieron cada vez que fueron requeridos.

La causa que conmocionó a Río Negro

Gabriel Mandagaray murió en abril de 2021 durante un entrenamiento del COER realizado en Bahía Creek. La investigación y el posterior juicio determinaron responsabilidades penales de cuatro integrantes de la fuerza por las condiciones en las que se desarrolló la capacitación.

Las condenas fueron revisadas en distintas oportunidades. Luego de que el STJ ordenara una revisión integral de los planteos de las defensas, una nueva integración del Tribunal de Impugnación analizó los cuestionamientos y mantuvo las condenas.

El STJ confirmó esta semana esa última decisión y sostuvo que el tribunal revisor había cumplido con el mandato de realizar un análisis integral y exhaustivo de los planteos defensivos. Con ese pronunciamiento, se cerró la instancia provincial y quedó abierta la vía ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras ese proceso continúa, los tres condenados permanecerán en libertad bajo un esquema de control más estricto, con monitoreo electrónico y restricciones de circulación. La situación podrá modificarse si la sentencia adquiere firmeza o si la Justicia federal adopta una nueva decisión sobre el expediente. (ANB)