Acusan a un exjefe de Tránsito por usar una tarjeta municipal de combustible en un viaje particular

La Justicia formuló cargos contra quien se desempeñaba como jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste, en el marco de una investigación por el presunto uso irregular de una tarjeta de combustible municipal durante un viaje particular a Buenos Aires.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho habría ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025. Durante ese período, el entonces funcionario habría utilizado una tarjeta YPF en Ruta que tenía asignada por su cargo para cargar combustible, pese a encontrarse de licencia y no contar, según la Fiscalía, con autorización municipal para solventar el viaje.

La Fiscalía encuadró el hecho como malversación de caudales públicos, en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 45 y 260 del Código Penal.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Gobierno municipal el 24 de febrero de 2026, que fue ampliada el 20 de agosto. En esa presentación se detallaron las funciones que cumplía el acusado, el funcionamiento del sistema YPF en Ruta y las circunstancias en las que fueron detectados los consumos durante el período de licencia.

De acuerdo con la teoría fiscal, la comisión que el hombre había solicitado para viajar a Buenos Aires había sido rechazada previamente y además había sido advertido de que no podía utilizar la tarjeta. Sin embargo, los gastos fueron abonados inicialmente por la Municipalidad.

Entre la documentación incorporada como prueba figuran los registros de las cargas de combustible, con fechas, lugares y horarios; los tickets que el imputado presentó al regresar del viaje; la solicitud de licencia presentada ante Recursos Humanos y una planilla de gastos correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025, por un total de $359.707,01.

También se incorporó documentación sobre la estructura municipal, un informe del Registro de la Propiedad Automotor que indica que el vehículo utilizado pertenece al imputado y a su cónyuge, y una resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que, luego de un procedimiento administrativo, dispuso su cesantía.

Qué dijo la defensa

La Defensa Pública, representada por Carlos Dvorzak y el adjunto Adrián Zimmermann, se opuso a la formulación de cargos.

Durante la audiencia, el acusado explicó que había viajado a Buenos Aires para trasladar dos aparatos pertenecientes a su área que necesitaban ser calibrados. También señaló que era habitual que utilizara su automóvil para cumplir tareas vinculadas con sus funciones y reconoció haber utilizado una aplicación para realizar las cargas de combustible durante el viaje.

La defensa cuestionó además que no existiría documentación que acreditara el supuesto rechazo previo de la licencia y sostuvo que la modalidad de trabajo descripta era habitual.

Uno de los principales argumentos planteados fue que no habría existido un perjuicio económico para el Estado, debido a que el importe correspondiente a los consumos fue posteriormente descontado de los recibos de sueldo del acusado.

Finalmente, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses de investigación penal, durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán avanzar con sus respectivas teorías del caso. (ANB)