Condenan a una ART a indemnizar a un playero con secuelas permanentes tras ser atacado en un surtidor

Un reciente fallo judicial puso de manifiesto las graves consecuencias que la violencia laboral puede tener en la vida de un trabajador. La Cámara Segunda del Trabajo condenó a la empresa Experta ART S.A. a indemnizar a un playero de una estación de servicio Axión que, mientras atendía a un cliente, fue agredido físicamente por un hombre que nunca pudo ser identificado. El ataque, ocurrido de manera imprevista y sin motivos establecidos, provocó una fractura conminuta de la pared anterior del seno maxilar izquierdo, requiriendo una compleja cirugía reconstructiva que incluyó osteosíntesis y la reconstrucción del piso de la órbita.

A pesar de las prestaciones médicas otorgadas inicialmente por la aseguradora, las secuelas físicas resultaron irreversibles y de gran impacto. Las pericias oftalmológicas ordenadas por el tribunal confirmaron que el hombre padece de visión doble en ciertas posiciones, pérdida parcial del campo visual periférico y un estrabismo derivado del traumatismo. Estas lesiones no solo dificultan tareas que requieren visión periférica, sino que también generan una compensación postural que deriva en contracturas cervicales crónicas.

Al daño físico se sumó un profundo impacto en la salud mental del trabajador. La evaluación psicológica determinó que el hombre desarrolló un trastorno por estrés postraumático de intensidad moderada a severa y un cuadro depresivo, ambos con una relación causal directa con la agresión sufrida. Estos diagnósticos repercuten significativamente en su desempeño laboral, así como en su vida social y recreativa, advirtiendo los especialistas que existe un riesgo de cronificación de los síntomas si no media un tratamiento adecuado.

El tribunal, tras valorar las pruebas, concluyó que el trabajador presenta una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 65%, otorgando pleno valor probatorio a los dictámenes periciales frente a las objeciones de la ART. Además, la sentencia declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al considerar que excluía conceptos salariales que deben integrar el cálculo de la indemnización.

Aunque el fallo de primera instancia aún puede ser apelado, representa un reconocimiento fundamental a las secuelas permanentes derivadas de un acto de violencia en el ámbito de trabajo.